Sólo los grupos de gobierno, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), respaldan el anuncio efectuado esta semana por el presidente regional, Paulino Rivero, cuando afirmó que uno de los objetivos "prioritarios" del Ejecutivo es promover la creación de 80.000 nuevos empleos en año y medio.
El Gobierno aclaró que la inversión total en esta materia será de 420 millones de euros y que prevé que de esas 80.000 nuevas contrataciones, 20.000 provengan de las ayudas que cubrirán el 100% del gasto de la seguridad social (con un coste de 60 millones) a los empresarios que contraten trabajadores, mientras que el resto dependerán de iniciativas como los talleres escuelas o de los convenios con las corporaciones locales.
El hecho de sumar estas últimas medidas a las contrataciones reales para llegar a los 80.000 nuevos empleos originó las críticas de CCOO de Canarias, cuyo secretario general, Juan Jesús Arteaga, aclaró que "no son verdaderos empleos, sino acciones formativas".
Mientras que el portavoz nacionalista, José Miguel Barragán, da la bienvenida a "cualquier" iniciativa que apoye la creación de empleo, el del PP, Miguel Cabrera, respalda "palabra por palabra" el anuncio, pero destaca que Rivero se "está dando cuenta" del incumplimiento del Estado en alusión a las palabras que el jefe del Ejecutivo dedicó al Plan Canarias.
Críticas
Los socialistas se mostraron críticos con el anuncio en más de un sentido. El portavoz del grupo, Santiago Pérez, señaló que "Rivero ha sacado de la chistera esos 80.000 puestos de trabajo y habrá que ver si es otra medida propagandística" y la diputada Gloria Gutiérrez acusó al presidente canario de portarse como un "trilero" con el empleo de los canarios, al tiempo que criticó la falta de consultas a los sindicatos en esta materia.
El presidente del grupo socialista, Manuel Marcos Pérez, prevé que la medida será "una más de las promesas incumplidas de un Gobierno a la deriva que hace oídos sordos a los ciudadanos" y la diputada Francisca Luengo critica que el "boicot" del Gobierno a la Ley de la Dependencia "frena a sabiendas la creación de 15.000 empleos" y que, de aplicarse esa norma, habrían de sumarse a los 80.000 prometidos, "pero el trapicheo del Ejecutivo regional hace que no sea posible".
Por su parte, Nueva Canarias considera una "nueva ocurrencia" la medida de Rivero e insta al Gobierno a destinar los recursos del extinto ITE a financiar inversión pública.