La escasa respuesta que han encontrado los argumentos de los opositores a Educación para la Ciudadanía (EpC) en Canarias, tanto por parte de la Administración educativa como de los tribunales, parece haber restado fuerza al ímpetu con que este colectivo se movilizó en un principio contra la polémica asignatura.

Si durante el curso 2008-2009 -en el que se implantó la materia en las Islas, inicialmente en segundo de la ESO- se presentaron 251 solicitudes de padres que pretendían que sus hijos quedaran exentos de cursarla, en el actual -cuando se ha extendido a sexto de Primaria- sólo se han interpuesto tres, según los datos que obran en poder de la Consejería de Educación.

Las 254 reclamaciones han corrido idéntica suerte: la desestimación, primero por el Gobierno autónomo y a continuación por los tribunales de lo Contencioso Administrativo. La negativa de la Justicia a atender los argumentos que esgrimen los detractores de EpC contrasta con la situación que se da en comunidades como Castilla y León, donde los tribunales ya han dictado 239 sentencias que eximen a 538 menores de cursar la asignatura, o Andalucía, donde también se han admitido casos similares, aunque se encuentra en la línea del fallo del Tribunal Supremo que, hace algo menos de un año, estableció la obligatoriedad de estudiar la materia.

En cuanto a la posición de la Consejería de Educación, fue fijada en octubre de 2008, cuando respondió a las familias que la objeción en este caso carecía de respaldo normativo y advertía de la inviabilidad de articular "alguna actividad sustitutoria" para los alumnos cuyos padres no deseaban que la cursaran.

Pese a que la situación no está siendo favorable para sus intereses, el colectivo que se opone a Educación para la Ciudadanía advierte: "No hay desánimo ni resignación si se tienen las ideas claras". En este sentido, Elena Colmeiro, portavoz de Tenerife Educa en Libertad, cifra las esperanzas de estas familias en el recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo que han interpuesto ante el Constitucional.

Colmeiro sostiene que, en la mayoría de los centros educativos del Archipiélago, los profesores no siguen con exactitud lo que marca el libro de la asignatura, y excluyen los contenidos relacionados con las creencias y que pueden dar lugar a la imposición de criterios morales, algo, recuerda, que ya contempla la sentencia del Supremo.