El Gobierno de Canarias aseguró ayer que el pago de 33 millones de euros por la sentencia condenatoria de Montaña Rayada, que se hizo efectivo el pasado 29 de noviembre, obedece a la responsabilidad de un Ejecutivo "serio" que hace frente a un fallo firme del Tribunal Supremo (TS).
Fuentes consultadas por este periódico apuntaron que si hubiese habido "capacidad de maniobra", el Gobierno hubiese afrontado el pago de manera distinta a cómo se hizo, todo de una sola vez, y remarcaron que si se tomó esa decisión, fue porque así lo aconsejaron los Servicios Jurídicos. Las mismas fuentes apuntaron que las bajas de crédito realizadas para hacer frente a la millonaria indemnización, aprobadas en Consejo de Gobierno, no afectarán a los servicios públicos fundamentales de la Comunidad Autónoma.
Sin embargo, la secretaria de Organización del PSC, Gloria Gutiérrez, aseguró ayer que José Manuel Soria, vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional, pagó a "tocateja" los 33 millones de euros de indemnización a la empresa Montaña Rayada S.A. "porque beneficia a intereses privados" y no "a los intereses generales de los ciudadanos de Canarias".
La también diputada socialista calificó de "escandaloso" que el Gobierno de Canarias haya abonado de una sola vez "y sin agotar todos los procedimientos pertinentes para el aplazamiento de pago, ni los recursos legítimos para defender el patrimonio de la Comunidad Autónoma" la millonaria indemnización a una empresa privada.