Los trabajadores de Fundescan en Tenerife iniciaron ayer una serie de concentraciones y protestas para reivindicar que esta institución les despida con la indemnización que marca la ley: 45 días por año trabajado.

Felipe Ortega, presidente del Comité de Empresa de Fundescan en Tenerife, explicó que el Cabildo está trasladando poco a poco a las "quince unidades familiares de las dos casas de acogida para mujeres maltratadas" de Tenerife, que están bajo mínimos.

Fundescan cuenta con 160 trabajadores en Canarias, de los que 70 corresponden a Tenerife. Llevan sin cobrar "dos meses y medio" debido a "una deuda de nueve millones de euros" de la fundación con Hacienda. "Se habla de mala gestión", dice Ortega, que califica el monto de la deuda como más propia "del Real Madrid o el Barça".

Durante la manifestación de ayer, en la entrada del edificio de los sindicatos en la calle Méndez Núñez de Santa Cruz de Tenerife, los empleados de Fundescan gritaron "¡sindicatos, traidores, también nosotros somos trabajadores!". Los manifestantes se quejan de que el Patronato de Fundescan fue "nombrado por los órganos de gobierno de UGT".

Insolvencia

Felipe Ortega explicó que Fundescan se había declarado "insolvente", lo que da un plazo de "tres meses para negociar la deuda con los acreedores". Después, añadió, la intención de la fundación es que "los trabajadores se vayan a la calle con el paro", pero éstos exigen sus "45 días por año trabajado".

"Nos sentimos engañados y desprotegidos", dijo el presidente del Comité de Empresa, sobre todo porque "algunos" son "afiliados" al sindicato UGT.

Por este motivo quieren "corresponsabilizar a las Administraciones" que han financiado los diversos proyectos que llevaba a cabo Fundescan: el Cabildo y el Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Empleo.

Aunque el Cabildo ha anunciado que va a reabrir las nueve oficinas comarcales de información a la mujer maltratada, que están cerradas desde principios de año, Ortega no cree que "a ninguno de los trabajadores los vaya a subrogar el Cabildo".

El presidente del Comité de Empresa dijo no poder cuantificar el número de usuarios a los que afecta el cierre de los servicios de Fundescan, aunque detalló que por los proyectos de formación han pasado "miles y miles de personas".

Ortega informó de que UGT había contratado "al despacho de abogados Garrigues, especialista en empresas, para asesorar el desmantelamiento de Fundescan". "El despacho de abogados ha asesorado que lo mejor en relación a los trabajadores es proponer un expediente de regulación de empleo (ERE)", añaden los empleados de Fundescan en un comunicado de prensa.

Felipe Ortega destacó que aún no se han reunido con la consejera de Bienestar Social del Cabildo de Tenerife, Cristina Valido, que ha prometido reabrir las oficinas comarcales para maltratadas.

Por su parte, Valido aseguró ayer durante la Conferencia Insular de Violencia de Género que no es partidaria de que la atención a la mujer sea pública, sino, en todo caso, que haya una parte privada con participación de la institución pública, asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales.

"La externalización o no de los servicios es otro debate del que estoy dispuesta a hablar, pero no estoy de acuerdo en que sea sólo público", explicó la consejera, que sí recalcó la necesidad de que haya una parte pública y otra en la que también estén presentes agentes implicados con el tema de la violencia de género.