El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, prosiguió ayer la guerra abierta contra los controladores aéreos, y exigió al Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero que coja "el toro por los cuernos" y apruebe un decreto ley que garantice las conexiones aéreas de Canarias mediante la sustitución de los citados profesionales por controladores militares o europeos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Rivero remarcó que el Archipiélago es "totalmente dependiente" del tráfico aéreo, por lo que "no se puede tolerar" el chantaje que, a su juicio, ejercen los controladores aéreos para poner en peligro la movilidad de las personas y la economía de las Islas.
"No es admisible que en pleno siglo XXI un colectivo de 2.400 controladores aéreos ponga en peligro la movilidad de los dos millones de canarios entre las Islas y con el exterior, que ponga en riesgo miles de puestos de trabajo y que en plena crisis amenace al principal sector económico del Archipiélago", denunció.
Rivero cree que ha llegado el momento de que el Estado actúe para garantizar las conexiones aéreas, al menos en Canarias, mediante un decreto que permita la sustitución de los controladores españoles por otros controladores comunitarios con titulación homologada o por controladores militares.
"Exigimos que vía decreto ley se garantice la sustitución de los controladores que no quieran cumplir con sus obligaciones", subrayó el jefe del Ejecutivo regional, para que así haya una "garantía absoluta" de que las conexiones aéreas no se van a paralizar.
En este sentido, Paulino Rivero afirmó que "ni da ni quita razones" sobre el fondo del conflicto, pero dejó claro que por encima de las desavenencias entre Aena y los controladores está el Gobierno de España, "que tiene que actuar para evitar perturbaciones en el tráfico aéreo en un momento en el que parece que el turismo se recupera".
Al respecto, acusó a los controladores de haber dicho abiertamente que si no hay acuerdo se repetirán los problemas en los aeropuertos en Semana Santa, un anuncio que, por sí mismo, "puede hacer un daño real" al turismo de las Islas.
Por este motivo, sentenció Rivero, el Gobierno de España tiene que actuar "con prontitud", sin dejar que el conflicto "vaya al límite", y aprobar en Consejo de Ministros un decreto ley que permita la sustitución de los controladores "que no cumplan con sus obligaciones".
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