Las nuevas responsabilidades que la Consejería de Educación del Gobierno canario ha asignado a los equipos directivos de los centros de enseñanza exigen mejorar la formación de estos trabajadores. Así lo han trasladado ellos mismos a la Administración, que actualmente trabaja para atender esta demanda, avanzó ayer la titular del departamento, Milagros Luis Brito, durante una comparecencia en el Parlamento regional.

La reforma operada en la función directiva en las Islas -derivada, en parte, de la necesidad de adaptarse a la Ley Orgánica de Educación (LOE)- refuerza y "profesionaliza" la figura del director y de su equipo, hasta tal punto que los convierte en "jefes de personal".

Las novedades más significativas que introduce el decreto aprobado por el Gobierno autónomo el pasado verano tienen que ver con el aumento de la capacidad de contratación de los directores y de su potestad sancionadora.

Los equipos directivos ya podían realizar contrataciones menores. Con la nueva normativa podrán contratar obras de hasta 50.000 euros y servicios y suministros de hasta 18.000. De esta forma, señaló Milagros Luis, se dota de una mayor autonomía a los centros, en la línea de lo dispuesto en la LOE, y se agiliza la contratación de recursos, de manera que puedan acometerse actuaciones de urgencia, no planificadas. "Los directores no deberán estar a la espera previa de gestiones múltiples y engorrosas por parte de los servicios centrales", explicó la consejera.

Son este tipo de gestiones las que exigen una formación específica de la que, normalmente, carecen los equipos directivos y que éstos han reclamado. Proporcionársela será un primer paso, confió Milagros Luis, para equiparar su papel con el que cumplen en otros países de la Unión Europea, donde "la profesionalización llega al punto de descargar a los directores de horas de docencia". Canarias no está en esa fase "aún", apostilló.

En cuanto a la capacidad disciplinaria, se aplicará a las faltas leves del personal, tanto docente como no docente, y permitirá abrir expedientes por incumplimientos de deberes y obligaciones. Los equipos directivos verán reconocida, de esta forma, su condición de autoridad pública.

La Consejería convocó en diciembre la selección de directores para el próximo curso. En sólo cinco días -los transcurridos entre la orden que regulaba el proceso y la resolución que lo convocaba- se presentaron 307 solicitudes, 298 de las cuales han sido admitidas.

"El director tiene que hacerse respetar, generar confianza y liderar el proceso educativo en su centro y en las relaciones con las administraciones y el entorno", dijo la diputada de CC Marisa Zamora, quien había solicitado la intervención de la consejera. Para la parlamentaria nacionalista, la reforma de la función directiva posibilitará "mejorar la calidad de la enseñanza y ser más eficaces".

Igualmente satisfecha se mostró la representante del PP, María del Mar Arévalo, quien incidió en que la nueva normativa facilitará "prestigiar la labor directiva de los centros" y supone, además, "un voto de confianza" por parte de la Administración, que delega "importantes responsabilidades" en estos trabajadores.

Aunque reconoció algunas ventajas de la nueva regulación -la ampliación de la capacidad sancionadora o la mejora de los procedimientos de selección- la diputada socialista María Belén Monzón acusó al Ejecutivo de colar "por la puerta de atrás" la potestad de contratar obras por "cantidades muy importantes", una función para la que, aseguró, los centros no tienen suficientes medios.