El decreto que regulará la convivencia en los centros educativos canarios es el documento "más trabajado, debatido y participado" de los impulsados por la consejera Milagros Luis Brito desde que accedió al cargo, según ella misma afirmó ayer en el Parlamento. Por esta razón, el Gobierno no se plantea paralizar su tramitación -que ya se ha retrasado varios meses debido, precisamente, a ese proceso de participación-, tal y como le sugirió el PSC, de modo que en breve se le dará luz verde.
Las estrategias que se adopten para mejorar la convivencia y la resolución de conflictos en los centros prestarán especial atención a la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género. Para ello, la Consejería, en colaboración con el Ministerio de Educación y la Universidad Complutense de Madrid, ultima un estudio sobre esta cuestión, además de otro sobre la forma en que debe orientarse la convivencia en Enseñanza Secundaria.
"Es necesaria una reflexión sobre las estrategias en marcha, que no sé si están dando los resultados adecuados", señaló Milagros Luis sobre la violencia machista.
La política del Ejecutivo en esta materia prevé también la creación de un observatorio de la convivencia que actúe como órgano consultivo y de participación. Una vez constituido, la Consejería diseñará un "esquema de estrategia", pero será el observatorio quien se encargue de orientar las acciones preventivas y de mejora, así como de proponer otras.
Aunque reconoció la importancia de contar con un marco normativo para regular la convivencia, el PSC apuntó algunas de sus carencias. Así, la diputada Rita Gómez aludió a la falta de un diagnóstico previo, lo que, a su entender, es un motivo para "aparcar temporalmente el proyecto". Asimismo, criticó la convivencia en el decreto de medidas que responden a "modelos opuestos, totalmente contradictorios", en referencia a los aplicados en Castilla-La Mancha y Valencia, con una tendencia hacia el segundo de ellos, de carácter "punitivo". Finalmente, la parlamentaria socialista dudó de que se haya promovido la participación de los centros educativos en la elaboración del texto.
"No es bueno paralizar el proyecto -adujo la consejera de Educación-, porque llevamos dos años con mucha gente y no me gustaría frustrar su expectativa". Luis Brito admitió que su departamento no dispone de un diagnóstico "completo y global", pero sí de suficientes datos.
No obstante, avanzó que, si es preciso, se realizarán "ajustes en los diagnósticos y la evaluación", un aspecto este último que definió como "uno de los grandes déficit de las políticas educativas en los últimos veinte años en toda España".
En cuanto a la presencia de medidas contradictorias, la consejera prefirió considerarlas "aportaciones diferentes", que, además, indicó, han sido incluidas por decisión de la propia comunidad educativa, que "ha querido coger aspectos positivos de modelos distintos". Aun así, se comprometió a "releer" el proyecto para "evitar contradicciones que dificulten la aplicación de la norma".