La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias informó de que el pasado año destinó 132.436.411 euros para financiar la atención a las personas dependientes en las islas, un dato con el que pretende contradecir a la Plataforma Tenerife Discapacidad, que ha asegurado hoy que la aportación del Ejecutivo en materia de dependencia fue en 2009 de -3.961.466,29 euros, según datos de la Asociación de Gerentes y Directores y Servicios Sociales de España.
En una nota de prensa, el Departamento autonómico recordó que la Ley de Dependencia, en su artículo 32, regula la participación de las administraciones públicas en la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y en este sentido, se establece que la Administración General del Estado financiará el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios. La Administración General del Estado fijará anualmente esta financiación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La Administración General del Estado --explica la Consejería-- aportará financiación para garantizar un segundo nivel de protección (el nivel de protección acordado). Esta financiación se canaliza por medio de la suscripción de Convenios anuales o plurianuales con las Comunidades Autónomas.
Asimismo, la Consejería de Bienestar Social aclara que, tal y como se recoge en el artículo 32 de la citada Ley, las Comunidades Autónomas aportarán cada año una cantidad igual a la de la Administración General del Estado en su territorio.
El Departamento autonómico señaló que si se traslada a números el mandato legal, la Administración General del Estado destinó en 2009 a Canarias 21.851.873 euros por el nivel mínimo de protección, a lo que hay que sumar otros 9.791.944 euros por el segundo nivel de protección, el llamado nivel acordado, a través del convenio anual. "Es decir, el Estado invirtió el pasado año un total de 31.643.817 para financiar la Ley de Dependencia en Canarias", recalcó.
Por su parte, el Gobierno de Canarias, según recordó la Consejería, destinó a prestaciones económicas 36.720.025 euros; para la financiación de las prestaciones de servicios 15.055.097; gastos de gestión y valoración 6.417.702; inversiones 1.900.000.
En cuanto al mantenimiento y creación de plazas para personas dependientes, el Ejecutivo canario expone que existen tres fuentes de financiación: la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, que aporta 35.637.860 euros; la Consejería de Sanidad, que financia 12.164.581 euros; y los cabildos insulares, 24.541.147 euros, porque en Canarias "los servicios sociales especializados están transferidos a los cabildos insulares y desde el Gobierno entendemos que la atención a las personas dependientes necesita también de servicios sanitarios, no sólo de carácter social", resaltó el Departamento autonómico.
Por tanto, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda reiteró en que el total que aporta Canarias "es de 132.436.411 por 31.643.817, la Administración general del Estado, o lo que es lo mismo, por cada 100 euros destinados a las personas dependientes en el Archipiélago, 80 euros los pone Canarias y 20, el Estado".
"INFORME DESACREDITADO"
Desde Bienestar Social se manifestó, además, "la preocupación por la confusión que ha generado entre la ciudadanía canaria informes como el suscrito por la Asociación de Gerentes y Directores que, se recuerda, se trata de un informe no oficial, desmentido y desacreditado por la Ministra de Política Social, Trinidad Jiménez, en el Consejo Territorial de la Dependencia".
Igualmente, quiso dejar claro que la intención del Gobierno de Canarias "nunca ha sido la de convertir la atención a la dependencia en el simple desglose de cifras, pero que las continuas declaraciones en torno al mal uso que se hacen desde el Gobierno canario en torno a los fondos de Atención a la Dependencia, generan desinformación y hacen necesario estas aclaraciones".