La directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Alicia Paz Antolín, comentó ayer, en el marco del II Congreso Canario de Derecho Urbanístico (que se celebra en la capital tinerfeña, en el recinto TEA Tenerife Espacio de las Artes), que en los litorales de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife ya está hecho el deslinde marítimo-terrestre en el 95,53% y el 98,80% del perímetro de las respectivas costas, lo que supone una media del 97% para todo el litoral canario.

Este valor relativo es superior a la media española, que se sitúa en el 92%. La representante del Ministerio añadió que en dos años está previsto concluir este trámite, que permite la regulación y salvaguardia de la costa española.

El deslinde del dominio público marítimo-terrestre es un procedimiento administrativo que define el espacio público en el litoral respecto a la propiedad privada, instrumento que está recogido en la Ley de Costas de 1988. El objetivo de la determinación de este deslinde radica en garantizar su uso público, regular la utilización racional de los bienes y conseguir un buen nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar.

Este procedimiento tiene importantes repercusiones legales, económicas, políticas, sociales y medioambientales. Alicia Paz puntualizó que el trámite de aprobación del deslinde es un acto recurrible judicialmente.

Paz defendió la necesidad de preservar la costa, amenazada por el cambio climático (como la subida del nivel del mar) y por el hecho de estar sometido este espacio a una gran presión económica, social y cultural, pese a su alta vulnerabilidad.

"Hay 70 millones de europeos que residen en municipios costeros", aseguró.