Nunca en el Archipiélago una disposición transitoria había resultado tan controvertida, como la cuarta de la Ley 9/2003, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias. El enfrentamiento entre administraciones -Gobierno regional y cabildos- que ha generado el pequeño texto es de tal magnitud que políticos de los tres partidos con representación parlamentaria (Coalición Canaria, Partido Popular y PSC-PSOE) y expertos dan por hecho que la solución al conflicto sólo se dirimirá en los tribunales.

La última esperanza para evitar la Justicia está puesta en un reunión que los presidentes insulares mantendrán mañana con el jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero. Si de esta cita no sale un acuerdo, será muy difícil que Gobierno y cabildos consigan ponerse de acuerdo en la vigencia o no de la citada disposición transitoria cuarta de la Ley 9/2003.

En virtud de esta disposición, como se recordará, los cabildos exigen al Gobierno 75 millones de euros de la liquidación negativa de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) correspondiente al año 2009. El Ejecutivo, sin embargo, considera que la reclamación de las corporaciones insulares no es viable porque, según un informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónomo, esta disposición transitoria perdió su vigencia el año en que entró en vigor, esto es, 2003.

Precisamente, en este argumento del Gobierno los cabildos han visto una contradicción "flagrante", puesto que, mientras que el gabinete regional insiste en que la mencionada disposición ya perdió su vigencia, y, por tanto, no hay nada que reclamar, ha cobrado a las corporaciones insulares la misma cantidad que en 2002 en concepto de gastos de gestión, una cifra, que, por otra parte, es superior a la que correspondería al año 2009. "El año que menos reciben cabildos y ayuntamientos es el año que más porcentaje en concepto de gestión cobra el Gobierno de Canarias", han denunciado.

Al margen de este cruce de declaraciones, a lo largo de las últimas semanas, la Administración regional y las insulares ha rebatido sus argumentos con informes de sus servicios jurídicos, e, incluso, con algún informe externo, circunstancia que, lejos de aclarar el asunto, ha contribuido a enturbiar la relación entre las distintas administraciones.

A estos informes jurídicos, que dan la razón a la administración que los encargue, se añade ahora un aspecto que podría inclinar definitivamente la balanza en favor de las corporaciones insulares.

Un documento al que ha tenido acceso este periódico deja claro que el debate de la comisión parlamentaria que aprobó el dictamen que, con posterioridad, fue aprobado como texto definitivo de la Ley 9/2003, deja claro cuál es el objetivo de la disposición transitoria cuarta, y cuál es el espíritu y finalidad del legislador.

En la citada comisión, que estuvo presidida por la actual consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Mercedes Roldós, ninguno de los intervinientes menciona el año 2003, y, sin embargo, en varias ocasiones los portavoces se refieren al carácter garantista para cabildos y ayuntamientos de cara al futuro de lo recogido expresamente en dicho precepto jurídico.

La disposición transitoria cuarta partió, ya con carácter transitorio, de una enmienda del Partido Socialista Canario que, en su inicio, fue rechazada por mayoría en la Ponencia que debatía la . Sin embargo, días más tarde se incorporó una nueva disposición transitoria, sobre la base de la rechazada, con el contenido que terminará teniendo la Ley 9/2003. Precisamente, en el debate de esta última disposición puede encontrarse el quid de la cuestión de este conflicto.

Julio Cruz, por ejemplo, del Grupo Parlamentario Socialista, insistió en la comisión en que el Parlamento debía "garantizar, como mínimo, los recursos que esas islas reciben en el 2002, y ese el objetivo de la enmienda, simplemente establecer por ley un mecanismo de garantía".

"La garantía debe ser del Gobierno de Canarias porque es quien tiene toda la capacidad de establecer los impuestos y su recaudación", argumentó el diputado socialista.

En sintonía con Cruz, aunque apuntando algún matiz, se mostró también el diputado del Partido Popular Javier Sánchez Simón, quien tras plantear una enmienda trasaccional a la propuesta inicial -la número 20 del PSC-, precisó que la disposición podría decir que "el Gobierno de Canarias, con cargos a sus fondos, garantizará, como mínimo, a todas las Islas la asignación que a 31 de diciembre de 2002 vienen percibiendo".

Precisó, no obstante, que la ley no trataba de establecer recortes "a ninguna de las Islas", sino que nacía de un proceso en el que la "Comunidad Autónoma aporta más dinero en la bolsa a repartir por parte de todas las Islas".

También se mostró de acuerdo con este texto el parlamentario de nacionalista José Miguel González, quien, no obstante, planteó que se retirara el "como mínimo".

Finalmente, la disposición transitoria cuarta se aprobó, por unanimidad, eliminando estas dos palabras y sin hacer mención al año 2003.