Gobierno, cabildos y ayuntamientos se dieron ayer un plazo de 15 días para adoptar un "acuerdo político" que garantice la "suficiencia financiera" de las corporaciones locales, más allá de la reivindicación de la deuda de 75 millones que tanto la Federación Canaria de Islas (Fecai) como la Federación Canaria de Municipios (Fecam) demandan al Ejecutivo a cuenta de la liquidación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) correspondientes al año 2009.
En una reunión que mantuvieron ayer en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, representantes de las tres administraciones se dieron una tregua de dos semanas para resolver sus diferencias y evitar así una solución del conflicto en los tribunales.
Junto al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, estuvieron, entre otros, el consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria; Industria y Empleo, Jorge Rodríguez; Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano; los siete presidentes insulares y varios alcaldes, encabezados por Lázaro Brito.
En la comparecencia informativa posterior, Rivero resumió la situación con la expresión "a todos nos sobra voluntad pero nos falta dinero", pues al margen del debate jurídico sobre si es aplicable o no la disposición transitoria cuarta de la Ley 9/2003 de Financiación de las Hacienda Locales, la clave es, según Rivero, "cómo se puede dotar de más recursos, en una situación adversa, a los distintos niveles de la Administración, para hacer frente a los servicios esenciales de los que tienen competencia".
Con todo, y como quiera que las versiones sobre la vigencia o no de la citada disposición transitoria son contrarias, el jefe del Ejecutivo decidió ayer pedir un informe al Consejo Consultivo que, aunque no es vinculante, contribuya a aclarar la situación que los enfrenta y a llegar a un acuerdo que satisfaga a las tres partes.
"Pese a lo que pueda decir el Consultivo, esperamos que del diálogo salga el consenso, porque es mejor un buen acuerdo que un mal pleito", apuntó sobre este asunto el presidente de la Fecai y del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, mientras que Rivero insistió en que el Gobierno "no quiere" basarse sólo en los informes jurídicos, sino en lograr un "acuerdo político".
San Ginés precisó, no obstante, que la posición final de la Fecai al respecto se conocerá hoy tras una reunión que mantendrán en Las Palmas. La Fecam, por su parte, se reunirá en dos semanas para analizar la situación.
Al margen de este aspecto, un grupo de trabajo, cuya creación se decidió ayer, deberá identificar, antes de finales de junio, aquellas competencias compartidas para llevar a cabo una reasignación y mejorar así el entramado administrativo.
"El Gobierno está dispuesto a evaluar la reasignación de recursos entre las administraciones, si de la segunda descentralización administrativa que está en marcha se deriva esta necesidad, ante el nuevo reparto de competencias", puntualizó Rivero.
En la reunión de ayer también se decidió revisar el porcentaje de la recaudación del REF que la Consejería de Economía y Hacienda retiene por gastos de gestión, que alcanza el 5,2% y que los cabildos y ayuntamientos quieren reducir al 3,5%, una diferencia equivalente a 12 millones de euros anuales. En este sentido, San Ginés aclaró que aunque no niegan que los datos que aporta el Ejecutivo sean ciertos, considera que los reales "son menores".
Además, en la cita de ayer el Gobierno se comprometió a ofrecer a la corporaciones locales información actualizada sobre la evolución de la recaudación de los tributos del REF, así como a contestar en dos semanas a la petición de las administraciones insulares y locales para que, en tanto no se alcance un acuerdo, no se les apliquen las retenciones en 2010 sobre los ingresos del REF en la parte que corresponde a este contencioso, unos 19 millones de euros.
Sobre este asunto, el presidente de la Fecam y alcalde de Barlovento, Lázaro Brito, consideró "positiva" la reunión de ayer y abogó por el diálogo para resolver el conflicto entre administraciones. Así, consideró más conciliadora la posición de Rivero, frente a la de José Manuel Soria, aunque incidió en que ve "difícil" que los cabildos y ayuntamientos consigan la totalidad de los 75 millones de euros que reclaman en virtud de la mencionada disposición transitoria cuarta.
De cualquier forma, Brito apostó por "buscar fórmulas" de compensación del Gobierno con las corporaciones locales, como un cambio de reparto de los recursos a favor de las administraciones insulares y locales.
reunión
Rivero aboga por el consenso
Tal vez porque la situación no tiene fácil solución y porque el terreno ya estaba minado, dada la amenaza de los cabildos de acudir a los tribunales, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, mostró ayer su tono más conciliador en la cita que mantuvo con sus homólogos insulares y representantes municipales. Rivero hizo una apuesta decidida por el "entendimiento" y frente a la escasez de recursos "que afecta a todas las administraciones" pidió "esfuerzos" para afrontar una situación "compleja". Así, insistió en solucionar por la vía política un conflicto que los cabildos quieren llevar por el camino de los tribunales y remarcó que "se trata de ver" que estamos en una situación de crisis e insuficiencia financiera. Sobre el tono mostrado por Rivero se pronunció su compañero de partido y responsable de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Lázaro Brito, quien al ser preguntado por el presidente apuntó que su posición es "más conciliadora" que la mantenida por el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria. Soria ha sido, en las últimas semanas, el blanco de las críticas de algunos responsables insulares por su negativa a reconocer algunos aspectos sobre la financiación de las corporaciones locales.