No es el tan denostado "decretazo" que el Gobierno canario quiso aprobar hace apenas dos meses, pero tampoco supone mantener la situación actual, que es lo que todos los sindicatos defendían hasta hace poco. El nuevo proyecto de decreto que regula la constitución de las listas de trabajadores interinos y sustitutos en la enseñanza y la sanidad se sitúa en un término medio entre las aspiraciones iniciales de unos y otros, y probablemente por eso ha concitado una conformidad casi unánime entre las organizaciones representadas en la Mesa General de Función Pública, que ayer alcanzaron un principio de acuerdo con el Ejecutivo.

Tres de estos sindicatos -CCOO, UGT y CEM-Satse- ratificaron el documento presentado por la Administración el pasado 7 de mayo, al que ahora se han incorporado algunas novedades, mientras que el cuarto -Intersindical Canaria- no se pronunció e insiste en la demanda de mantener las listas actuales, aunque recabará la opinión de las asambleas de trabajadores en los próximos días.

El nuevo sistema prevé que las listas se renovarán después de cada proceso de oposiciones y se ordenarán según un concurso de méritos, que otorgará el mismo valor a la nota de las oposiciones y a la experiencia laboral (cuatro puntos), frente a la primera intención del Gobierno de dar mayor peso a los procesos selectivos.

Para el profesorado, el concurso contemplará otros dos méritos, valorados con tres puntos cada uno: la formación y un informe "objetivo" de la práctica profesional. No obstante, el máximo de puntos que cada trabajador podrá obtener es de diez.

El proyecto de decreto al que las organizaciones sindicales dieron ayer su visto bueno incluye contenidos que tratan de primar a los trabajadores que residen y trabajan en el Archipiélago, en la línea de lo que manifestó recientemente el presidente canario, Paulino Rivero, quien, durante una comparecencia en el Parlamento, se mostró partidario de listas de interinos y sustitutos conformadas únicamente por residentes en la Comunidad Autónoma.

Aunque este propósito no ha cristalizado -debido a su dudosa constitucionalidad, algo que los propios sindicatos han advertido-, el nuevo texto sí recoge que, a la hora de valorar la experiencia docente, se dará preferencia a la adquirida en Canarias. Asimismo, establece un plazo de 24 horas para la incorporación de los docentes nombrados para las sustituciones, lo que favorece claramente a los residentes en las Islas.

El documento también fija el mantenimiento transitorio del plan de claustros inestables -destinado a dotar de estabilidad las plantillas de profesorado de islas no capitalinas y zonas alejadas- durante un periodo de cuatro años.

"Es un primer paso. Elimina el decretazo, que no gustaba a nadie y, ante el empeño del Gobierno en cambiar las listas, ofrece un sistema más favorable", reconoció ayer José Ramón Barroso, de CCOO, quien, no obstante, advirtió de que "muchas cosas quedarán ahora pendientes de lo que se acuerde en las mesas sectoriales".

Por su parte, Pedro Crespo, de ANPE -que asistió a la reunión junto a CEM-Satse-, supeditó una opinión definitiva sobre el nuevo modelo a lo que decida la mesa sectorial, pero reconoció que supone una mejora "ostensible" respecto a las "terribles" condiciones que imponía el "decretazo".