Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), socios de gobierno en Canarias, escenificaron ayer en el Parlamento regional que no siempre "van de la mano", como se empeñan en demostrar en algunas ocasiones. En dos temas de especial sensibilidad por su relevancia social, el conflicto con las corporaciones locales a cuenta de los recursos del REF y la oferta pública de empleo en el Servicio Canario de Salud (SCS), nacionalistas y populares dieron a entender, aunque "por lo bajini", que traían los deberes hechos, pero que cada uno los había realizado por separado.

Con respecto al primer asunto, por el cual cabildos y ayuntamientos han llevado al Gobierno regional a los tribunales, el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, se descolgó en el Pleno con una propuesta para hacer frente a la difícil situación económica que viven las administraciones canarias.

El diputado nacionalista propuso crear un plan cuatrienal para las tres administraciones que analice los ingresos y que permita priorizar los gastos en una situación de crisis como la que existe en la actualidad. "¿Por qué no recuperamos el espíritu del artículo 10 de la Ley 9/2003 de Financiación de las Haciendas Locales y del 20 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Canarias, y hablamos de la posibilidad de hacer un plan cuatrienal que establezca cuáles son los recursos de los ciudadanos, no de las administraciones?", se preguntó .

La idea es, explicó José Miguel Barragán, partir de un presupuesto cero, es decir, un presupuesto elaborado después de una revisión completa de los diferentes capítulos o programas, en el que se prioricen las necesidades de los ciudadanos. "Si no en 2011, vamos a escuchar pronto hablar de presupuesto cero. Tendremos que construir la casa de nuevo", advirtió.

En este sentido, el portavoz parlamentario de CC se mostró "convencido" de que si se ponen a hablar "de verdad" de cuáles son las prioridades que hay que afrontar con la minoración de los recursos, "los ciudadanos nos lo agradecerán".

"Arreglarlo entre todos"

"Estar discutiendo si la disposición transitoria cuarta sigue o no vigente, o si se aplica de una forma o de otra, no soluciona nada", aseguró Barragán, quien incidió en que lo "importante" es intentar entre todos arreglar la economía de Canarias.

El "guante" lanzado por el parlamentario nacionalista lo recogió, aunque con matices, el diputado socialista Julio Cruz. El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, sin embargo, apenas hizo referencia a la propuesta de su socio de Gobierno y defendió en su intervención la gestión del Ejecutivo en el conflicto con las corporaciones locales.

Así, Cruz se mostró de acuerdo con la idea esbozada por Barragán, pero exigió al Gobierno canario que cumpla con la Ley 9/2003, y, por tanto, que considere vigente la citada disposición transitoria, por medio de la cual los cabildos y ayuntamientos reclaman al Ejecutivo 75 millones de euros por la liquidación negativa de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) del año 2009.

El diputado del PSC acusó a Soria de hacer "trampas" en la distribución de los recursos del REF, y aseguró que la actuación del vicepresidente en este asunto es "muy fea".

El consejero de Economía y Hacienda, por su parte, negó que el Ejecutivo regional maltrate a las corporaciones locales y aseguró que "ha sido sensible" con sus demandas. En esta línea, acusó a los socialistas de no dar credibilidad a los informes tanto de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma como del Consejo Consultivo, que le dan la razón al Gobierno frente a la demanda de cabildos y ayuntamientos, y subrayó que este ejercicio las transferencias corrientes y de capital a las corporaciones locales han aumentado un 7,4 por ciento.

Víctor Moreno, del PP, también defendió que el Ejecutivo canario no incumple la Ley de Financiación de las Haciendas Locales, y consideró que otros políticos "quieren hacer una cortina de humo" con este asunto.

Consenso y acuerdos.- Respecto al segundo tema en cuestión, la OPE del Servicio Canario de Salud, el portavoz parlamentario en materia de Sanidad de Coalición Canaria (CC), José Izquierdo, se mostró ayer a favor de "buscar consenso y acuerdos" sobre las bases de la oferta pública de empleo (OPE) del Servicio Canario de Salud (SCS) que ofrece más de 5.000 puestos de trabajo estables. "Dentro del marco competencial que tenemos debemos intentar garantizar al máximo los intereses de nuestros profesionales", dijo, porque "los intereses de estos profesionales son los de todos los canarios".

Esta actitud dialogante contrastó con la del grupo parlamentario popular. Tanto la consejera de Sanidad, Mercedes Roldós, como la diputada María del Mar Arévalo, subrayaron una y otra vez que el tipo de examen (150 preguntas tipo test que restan sobre temática de cada especialidad) había sido acordado con los representantes sindicales "en un grupo de trabajo" y "ahí están las actas" para demostrarlo, dijo Roldós.

Asimismo, la consejera volvió a recordar que no se interpuso ningún recurso por la vía administrativa ni judicial en los tiempos establecidos tras la publicación del texto.

La titular del área apostilló que no es cierto que la experiencia no se tenga en cuenta para estos profesionales. Roldós explicó que el examen tipo test valía un máximo de 60 puntos y otros "40 puntos" se podrían conseguir según "los méritos que tengan los participantes". Además, "el 50%" de esos 40 puntos "será el tiempo trabajado". "Puedo entender que no es fácil opositar a la función pública", concedió la consejera, que añadió: "Yo estoy segura de que van a probar con una muy buena nota".

Para la portavoz parlamentaria sanitaria del PSC, Dolores Padrón, sin embargo, "esta OPE expulsa los recursos humanos que formamos". Padrón dijo que si eso terminaba ocurriendo, "este gobierno, el nacionalista, será el culpable".

La socialista dijo que cogía la mano que había tendido Coalición Canaria, en referencia a las declaraciones de Izquierdo. "Ustedes tienen la posibilidad de cambiar el primer tramo de la OPE", les dijo.

Padrón defendió la postura de un grupo de profesionales "que se está manifestando a las puertas de los hospitales públicos a las ocho de la mañana" y que pide que se incluya "un supuesto práctico" en la evaluación, que desean que se realice "con rigurosidad".

"La base de la sanidad está en la subespecialización, que no se contempla" en las bases de esta OPE, argumentó.

Asimismo, aseguró que no era verdad que las bases se hubieran negociado con todos los sindicatos ni que nadie hubiera reclamado la OPE, ya que "UGT ha manifestado públicamente que la ha impugnado".