Tenerife volvió a quedarse sin luz la semana pasada, esta vez de forma parcial, entre los señalamientos cruzados de políticos y técnicos que se responsabilizan de forma simultánea por la vulnerabilidad del sistema eléctrico, algo que está lejos de ser un problema exclusivo de esta Isla, sino que se extiende a todo el Archipiélago. pese a que el problema se conoce desde hace años, la clase política se muestra incapaz de acordar una estrategia común que sirva para mejorar el suministro y la cada vez mayor proximidad de las elecciones regionales tampoco ayuda, pues sólo sirve para acentuar las diferencias en clave preelectoral mientras empeora la situación y se acerca el fin de la vida útil de la central de Las Caletillas.
La comisión parlamentaria creada para investigar si la actuación del Gobierno canario había sido la adecuada durante la tormenta tropical "Delta" -que azotó a Canarias en noviembre de 2005 y que se dejó sentir con particular fuerza, precisamente, en Tenerife- supuso un antes y después en la toma de conciencia ciudadana sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico porque hizo públicos testimonios (y desmentidos) sobre la falta de controles y mantenimiento de sus instalaciones.
La carencia de infraestructuras eléctricas es una de las razones que esgrimen políticos y técnicos al explicar que en los últimos cinco años Tenerife haya enfrentado cuatro importantes apagones, tres de ellos de carácter general. En este sentido, el portavoz en materia energética del Partido Popular (PP), Manuel Fernández, cree que la prioridad debe ser asegurar la viabilidad de las instalaciones que están en funcionamiento, como la central de Las Caletillas, en contra del criterio recogido en la Ley de Directrices de 2003, que opta por su desaparición para 2015. Por este motivo, su grupo y los nacionalistas impulsaron en marzo una modificación de la Ley de Regulación del Sector Energético Canario que contempla, justamente, la anulación de ese criterio. "Urge repotenciar Las Caletillas como central de ciclo combinado, además de sacar adelante las obras del puerto de Granadilla y el cierre del anillo eléctrico insular", afirma.
Pero el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, siempre se ha mostrado contrario a que la ley cambie para permitir que la central de Las Caletillas continúe más allá de lo previsto. Y es que ningún vecino quiere tener instalaciones de ese tipo a su alrededor, tal como apuntó en febrero el consejero delegado de Endesa, Andrea Bretan, cuando presentó en la Isla el plan inversor exigido por el Gobierno regional a la empresa.
La portavoz en materia energética del Partido Socialista Canario (PSC), Francisca Luengo, tampoco ve con buenos ojos el cambio legislativo que, previsiblemente, Coalición Canaria (CC) y el PP aprobarán antes de la disolución del Parlamento el próximo mes de marzo. "Esa ley no solucionará nada si no hay un gobierno detrás que exija las inversiones a las eléctricas", critica Luengo.
La modificación de la Ley de Regulación del Sector Energético Canario también servirá para suprimir el actual límite de 50 megavatios exigido ahora para que el Gobierno canario pueda declarar una interés general una obra en concreto. "Las administraciones públicas dejarán de ser un problema para su construcción y todo irá mucho más rápido", asegura Fernández.
Excusas de CC y PP
"Eso no es más que una excusa de CC y PP porque la ley, en su formulación actual, ya contempla la posibilidad de que el Ejecutivo declare una obra de interés general, pero no la ejerce", desmiente categórica Luengo. "Por lo tanto, el cambio legislativo no supondrá un avance". Además, añade la diputada socialista, "en el caso de Tenerife, los problemas siempre se centralizan en Las Caletillas, no es una situación general".
Por este motivo, y porque considera que la "italiana Endesa no tiene ningún interés por Canarias", Luengo exige al Gobierno regional que haga una "radiografía" de la situación actual del sistema y arranque un "verdadero compromiso" de inversión a las empresas del sector, al tiempo que advierte de que al Ejecutivo canario "habría que abrirle un expediente sancionador" por su inacción en esta materia.
Hacia "parches" permanentes
Luengo teme que la política energética del Gobierno canario termine siendo de "parches" mientras deja pasar el tiempo sin exigir a Endesa y a Red Eléctrica de España (REE) el cumplimiento de las inversiones previstas en el Plan Energético de Canarias (Pecan). "El tiempo se agota y los canarios tendremos que padecer esa política permanente de parches que se avecina. Ojalá el Gobierno canario, al menos, sea capaz de hacerlo para evitar males mayores". Pero el portavoz en materia energética de los populares ve con más optimismo el futuro inmediato. "Las Islas no deberían tener que sufrir apagones de forma habitual en los próximos años", considera Fernández. "El problema de las licencias municipales que traban la realización de las inversiones necesarias desaparecerá con la modificación de la Ley de Regulación del Sector Energético Canario", afirma sin dudar, al contrario de Luengo, la voluntad de las eléctricas de invertir en las Islas. Cabe recordar que tanto el consejero delegado de Endesa, Andrea Bretan, como el presidente de Red Eléctrica de España, Luis Atienza, ratificaron en marzo al presidente del Ejecutivo autonómico, Paulino Rivero, la intención de sus empresas de realizar importantes inversiones en Canarias en los próximos cinco años. En todo caso, desde Endesa recordaron que el mercado de generación y comercialización está liberalizado, por lo que existe "voluntad, mas no obligación" de efectuar esas inversiones.