Emilio Atiénzar está al frente de Calidad Ambiental, una de las áreas claves de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial si es que Canarias de verdad quiere llegar a ser un territorio sostenible. Está satisfecho de los logros alcanzados en esta legislatura y ve con preocupación que los recortes presupuestarios previstos para 2011 puedan afectar los objetivos de futuro.

¿Qué balance de gestión hace?

Al principio de la legislatura nos planteamos una serie de objetivos de los que algunos se han ido cumpliendo y otros no por problemas presupuestarios y de otro tipo. Entre los alcanzados destacan los temas de contaminación del aire en relación a las grandes industrias de Canarias que son, fundamentalmente Endesa y Cepsa. Ahí hemos avanzado bastante. Pusimos al 100% el centro de control de la calidad del aire y se ha hecho un trabajo importante tanto por el control que hay de las estaciones como por los expedientes administrativos, que siempre son muy largos y engorrosos en lo que se refiere a las autorizaciones ambientales integradas. Se ha reforzado el departamento de Contaminación y Vertidos al Mar y se han complementado algunas instalaciones en los complejos ambientales de las Islas en colaboración con los cabildos.

¿Hay concienciación en Canarias en materia de reciclaje?

En los últimos años Canarias ha dado un paso cualitativo y cuantitativo en esto. Lo podemos ver sobre todo en los datos que proporcionan Ecoembes y Ecovidrio, los propietarios, por llamarlos así, de los contenedores amarillos, azules y verdes. Procuramos hacer campañas de concienciación dos veces al año porque a veces no es fácil distinguir lo que es vidrio del cristal, que no van juntos, por ejemplo. Es un tema de aprendizaje, pero el Gobierno está satisfecho porque avanzamos en los resultados.

Sin embargo, aún hay áreas, incluso núcleos urbanos como Santa Cruz de Tenerife, sin ese tipo de contenedores.

Es un problema no del Gobierno, sino municipal en el caso concreto de Santa Cruz de Tenerife. En el caso del papel o del vidrio es un tema del Cabildo, junto con los ayuntamientos. El Gobierno de Canarias es de las pocas autonomías que tiene firmado un convenio tanto con Ecovidrio como con Ecoembes, a los que se adhieren las administraciones locales. También es verdad que algunos ayuntamientos tienen dificultades para colocar los contenedores en la calle porque el mismo vecino que se queja de que no tiene uno cerca se queja si lo tiene bajo su ventana por los olores, ruidos o porque quita plazas de aparcamientos. Todo eso es cierto. El contenedor ocupa un espacio en la ciudad donde a veces es complicado aparcar y tampoco es agradable tenerlo debajo de tu ventana, pero en algún sitio hay que ponerlo, aunque también es verdad que ahora se exige a los responsables de estos contenedores una mayor frecuencia de limpieza.

Si los vecinos no quieren tener el contenedor a la puerta de casa, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de un complejo de éstos?

Al tratarse de industrias que están sometidas a autorizaciones ambientales integradas, a actividades potencialmente contaminantes a la atmósfera o a declaraciones de impacto ambiental, son industrias de las más limpias, aunque parezca mentira. La del reciclaje es de las más limpias que podemos tener ahora mismo.

¿Ve necesario, tal y como ha pasado con las infraestructuras eléctricas, que el Gobierno regional obligue a las administraciones locales a permitir su construcción?

De momento, el Gobierno entiende que para este tipo de instalaciones no es necesario llegar a estos extremos puesto que al tener los cabildos contemplados los residuos en sus planes territoriales, cada vez más vienen disponiendo de suelo adecuado.

Antes hablamos de la concienciación ciudadana. ¿También lo están las empresas?

Los gestores de residuos vemos que cada día se trabaja más en este campo y que las empresas gestionan más residuos: quiere decir que el productor de residuo demanda esos servicios para que sean correctamente gestionados. Y en cuanto al siguiente paso, que es la responsabilidad medioambiental estamos notando un repunte interesante. El Gobierno tiene dos líneas de subvenciones: para la implantación de la certificación EMAS (de protección medioambiental), que es una certificación europea para las empresas que quieran adherirse de forma voluntaria para ir más allá en su gestión ambiental. Cada día son más las empresas que demandan ese tipo de subvención. El Gobierno subvenciona parte del estudio y el 100% de la implantación, después las empresas tienen que mantener esas certificaciones y cada día son más los que piden la subvención.

El próximo año habrá recortes presupuestarios y el Gobierno verá con lupa las subvenciones ¿Teme que su departamento se verá afectado por una rebaja importante?

En el borrador de presupuesto que hemos elaborado seguimos contemplando ese tipo de subvención porque la Consejería de Medio Ambiente cree que es necesaria y ya será el Gobierno canario y el Parlamento los que decidan si se mantienen o no. Lógicamente, el departamento las cree necesarias y el Gobierno apuesta por los procesos respetuosos con el medio ambiente, pero tenemos que ser todos conscientes de que si hay otro tipo de necesidades sociales habrá que derivar el dinero a esas ayudas de primera necesidad.

Y para el resto de los gastos del departamento, ¿espera también recortes importantes?

Todos los departamentos del Gobierno van a tener recortes, eso está claro. Hemos presentado unos presupuestos ajustados. Esperamos que así se valore y, si no, habrá que seguirse devanando los sesos para sacar adelante la mayor cantidad de proyectos posibles con la menor cantidad de dinero disponible. En todo caso, este departamento cuenta con subvenciones de fondos europeos provenientes del de Cohesión y del Feder, y eso es lo que nos librará un poco de los grandes recortes.

Se oyen críticas sobre el retraso de los expedientes de impacto ambiental que solicita la Cotmac y que son su responsabilidad.

Es cierto que una autorización de impacto ambiental es un proceso largo, demasiado quizás, para el desarrollo de algunas actividades empresariales. Esperemos que para antes del final de legislatura esté aprobada ya una nueva ley para simplificar los procedimientos, pero a veces se alargan porque la documentación está incompleta o es inadecuada.