La plataforma sindical Iniciativa en Defensa del Sector Público presentó ayer en el Registro de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas un escrito dirigido a la Fecai y la Fecam en el que se solicita al Ejecutivo autonómico la paralización del anteproyecto de ley de la función pública canaria, al entender que pretende un desmantelamiento "sesgado" de los trabajadores de la administración pública.
El secretario de Organización de la USO, Eduardo Delgado, explicó a EL DÍA que este anteproyecto de ley "está poniendo en peligro cientos de puestos de trabajo de personal público que está fijo, dado que con el desarrollo de esta ley pasarían a ser funcionarios interinos, con lo cual, viene a ser un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto para amortizar plazas de personal laboral". Por este motivo, los representantes de siete sindicatos pidieron que se paralice el proyecto de ley de ordenación de la función pública en las administraciones canarias y que se redacte de nuevo para incluir a cabildos y ayuntamientos porque, a su juicio, la norma está siendo tratada de manera "sesgada".
Delgado recalcó que en la tramitación de este proyecto debe ser partícipe toda la administración pública de Canarias, y no sólo los sindicatos representados en la mesa general de la función pública, pues de esta manera se está "obviando" a los funcionarios de cabildos y ayuntamientos.
Joaquín Grande, del Sindicato Independiente Canario, defendió la necesidad de que la evaluación de los empleados públicos sea "transparente y no se beneficie a los amigos de, ya que los dineros deben emplearse con justicia y equidad".
El dirigente sindical criticó que las administraciones públicas tengan "una corte de asesores, pelotas y demás tropa" pese a que los empleados públicos "están para servir con objetividad y quieren defender a los ciudadanos".
Por ello mostró su rechazo a que este proyecto de ley pueda servir "para que toda esa tropa de asesores entren por la puerta de atrás como seudodirectivos".
"Debe haber responsables políticos que den la cara y no se escuden en que no sabían" de esta posibilidad, añadió Joaquín Grande.
Eduardo Delgado insistió en que "el grueso" de los funcionarios trabajan para las administraciones locales, a pesar de lo cual aborda cuestiones que van a afectar a todas las corporaciones "sin contar con ellas".