Lo adelantó recientemente el sindicato EA-Canarias y pronto se ha hecho realidad: los padres de alumnos que han impulsado la Iniciativa por la Defensa de la Enseñanza Pública Canaria han tomado ya medidas contundentes contra lo que consideran una "nefasta" gestión de la Consejería de Educación del Gobierno regional.
Un colectivo de familias -las del IES Cabrera Pinto, en La Laguna- ha dado un primer paso en este sentido, y ayer presentó en Fiscalía una denuncia por prevaricación contra la Administración educativa canaria, a la que acusan de lesionar "a sabiendas" el derecho a la educación de sus hijos al "imponer" un sistema de sustituciones del profesorado que "va a dejar sin tutores a miles de alumnos durante hasta dos meses".
Los padres del Cabrera han tomado la delantera, pero da la sensación de que no serán los únicos en iniciar la batalla judicial contra la Consejería. Según uno de ellos, Pablo Jerez, la plataforma de la que forma parte -AMPAS Coordinadas de Tenerife- ya ha planteado emprender "este tipo de medidas legales", pues entienden que, ante la "falta de voluntad de diálogo" del Gobierno, "deberán ser los tribunales quienes le obliguen a actuar de forma adecuada".
El plan de ausencias cortas, que establece la reorganización que ha de operarse en las funciones de los docentes para que cubran las bajas de corta duración, es nuevamente el centro de la polémica. Para las familias del IES lagunero, el plan ha quedado "cuestionado" tras las protestas que ha despertado.
La denuncia presentada ayer ante la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife va dirigida contra la consejera de Educación, Milagros Luis Brito, y cuatro directores generales de su departamento.
También han sido las asociaciones de padres las que promovieron inicialmente la manifestación celebrada ayer en las dos capitales canarias en defensa de la enseñanza pública y contra los "recortes salvajes" que, a su entender, realiza el Gobierno canario en materia educativa. A este iniciativa se han sumado organizaciones sindicales y políticas y movimientos sociales.
La marcha congregó en las calles de Santa Cruz de Tenerife a alrededor de 3.000 personas -2.000 según la Policía y 5.000 según fuentes de la organización consultadas por Europa Press-, pero, más allá de las cifras, llamó la atención por reunir a todos los sectores de la comunidad educativa, especialmente familias y alumnos de unos 40 centros educativos de la Isla.
"Ha sido un éxito de padres, alumnos y profesores", celebró Pablo Santana, uno de los miembros de la organización, quien se mostró escéptico ante la posibilidad de que la Consejería varíe su actitud por el resultado de la manifestación. "El pueblo ha hablado, y el Gobierno verá lo que hace", sentenció.
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