El subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Batista, aseguró que lejos de la imagen de poblados tradicionales e históricos de la costa, las construcciones que ocupan el dominio público marítimo-terrestre son "una privatización de facto" de la costa.
José Antonio Batista insistió, en el transcurso de una entrevista, en que los deslindes marítimo-terrestres no han sido una decisión caprichosa, "ni da giros a conveniencia", sino que están basados en un estudio y las condiciones que determinan qué ámbitos, según la Ley de Costas de 1998, pertenecen a toda la población.
"Las costas canarias en algunos sitios han estado muy castigadas y la actuación (de la Dirección Provincial de Costas) es buscar no sólo la recuperación del dominio público sino la recuperación ambiental de los espacios costeros", declaró el subdelegado del Gobierno durante la entrevista.
Sin valor etnográfico
José Antonio Batista insistió en que las construcciones no tienen "valor etnográfico" sino que son construcciones "irregulares y sin orden ni concierto que ocupan franjas del litoral en lo que supone no sólo una privatización de facto del espacio costero, sino también del disfrute visual".
"Hay sitios de la costa que son inaccesibles para trasladarte a ellos, no sólo por la geografía sino porque hay una barrera en la costa", declaró el subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
José Antonio Batista también quiso insistir en que las actuaciones de la Dirección Provincial de Costas no van "sólo contra el pobrecito", sino que afectan a la totalidad de la población.