LOS PAÍSES intervenidos por la Unión Europea han tomado y tomarán medidas contra el exceso de funcionarios. Se ha comentado que en Canarias, por ejemplo, existen cuatro administraciones que muchas veces se interfieren entre sí: la local, la insular, la autonómica y la estatal.

Nosotros teníamos una administración ideal, basada en los cabildos, que la autonomía destruyó al principio, para luego volverle a dar contenido. Construimos una autonomía a semejanza de otras regiones españolas cuando teníamos una estructura insular y otra superior de mancomunidad interinsular que hubieran sido muy aprovechables. Pero optamos por la moda al uso.

Todo esto ha disparado el gasto público en Canarias, en donde uno se pregunta qué pinta ya el Estado, desde la Delegación del Gobierno a la Demarcación de Costas. ¿No somos los canarios mayores de edad para llevar estas gestiones, incluso la policial y la judicial, los aeropuertos y todo el residuo del Estado, absurdo y redundante con nuestras administraciones en tantos momentos?

En Canarias hay más de 60.000 funcionarios y muchos miles de contratados laborales. Y en todo el Estado hay más de tres millones de funcionarios públicos. ¿No es esto escandaloso? No decimos que se les eche a la calle, pero sí que se produzca, a partir de ahora, una inteligente política de jubilaciones: que los puestos vacantes sean cubiertos por los que sigan en las administraciones, porque el rendimiento per cápita de los funcionarios españoles debe ser de los más bajos, no de Europa, sino del mundo. Es decir, que les ha llegado la hora de trabajar, porque muchos de ellos causan risa.

Porque en este país todo el mundo se acuerda de los derechos, pero no de las obligaciones. La imagen de nuestros funcionarios -con excepciones, siempre las hay- es patética. El control que ejercen sobre ellos las administraciones es absolutamente nulo. Hemos puesto alguna vez algún ejemplo paradigmático, como la Oficina de Urbanismo del Puerto de la Cruz, de la que los inversores huyen despavoridos porque nunca se mueve un papel. Algunos dicen que es culpa de la normativa, pero otros señalan directamente a quienes la aplican. Veremos quiénes tienen razón.

No existirá reforma laboral completa si no se acomete la de los funcionarios. Con prudencia, pero con firmeza. Uno, exigiéndoles rendimiento e imponiendo medidas correctoras si incumplen. Dos, no admitiendo más funcionarios en las administraciones y estableciendo los correspondientes sistemas de trasvase para que ejerzan en las que demanden labor, cualquiera que sea su procedencia.

Y que desaparezca la administración estatal de Canarias, por absurda. Y que no se tripliquen las tareas en las otras administraciones local, insular y autonómica. Es justo y necesario.