El PSC-PSOE, a través de su portavoz parlamentaria de Asuntos Sociales, achaca a la "desidia y falta de previsión" del Gobierno canario el bloqueo del convenio de Empleo, por valor de 5,2 millones, del que son beneficiarias diversas organizaciones no gubernamentales (ONG).

"De nuevo son los más débiles quienes pagan las consecuencias del caos de gestión que caracteriza a este Gobierno", denuncia en un comunicado la diputada, quien precisa que, además de salir perjudicadas estas entidades y los beneficiarios de las acciones a desarrollar, se ven afectadas más de 700 personas que estaban en el paro y que han sido contratadas en el marco de este convenio.

Para Cedrés, "la crisis no puede continuar siendo la excusa tras la que se escuda continuamente el Ejecutivo regional para tratar de tapar una política nefasta también en empleo y asuntos sociales", por lo que pregunta "qué sensibilidad y qué derechos sociales son los que dice defender el presidente Rivero cuando luego comete estos atropellos".

Asimismo, lamenta el impago del Gobierno de los 800.000 euros correspondientes a las ayudas de 2010 para los colectivos de discapacidad. "Tristemente, no es ésta la primera vez en la actual legislatura en que las personas con discapacidad y sus representantes han de salir a defender sus derechos", señala la representante socialista.

En este sentido, rechaza que la consejera Inés Rojas "alegue que la culpa es del Ejecutivo de España, por sabe perfectamente que los planes de discapacidad corresponde cumplirlos a este Gobierno". Añade que si la Consejería "hubiese actuado con responsabilidad y con respeto hacia este colectivos, adaptando en tiempo y forma todas las necesidades, no se hubiese llegado a esta situación".

"SOLUCIONES INVERSAS"

Olivia Cedrés considera que el Gobierno de Rivero "ha dado soluciones inversas a las necesidades que presenta la sociedad canaria, de tal forma que ante un problema, la respuesta es exactamente la contraria que debería dar". Así, sostiene que en materia de políticas sociales, "si los gestores políticos creen que se trata de beneficencia, es cuando se empiezan a anular derechos, porque las políticas sociales no consisten en dar subvenciones como si fueran ayudas, sino que han de ser derechos garantizados".

A su juicio, al Gobierno de Canarias "sólo le interesa sacarse la foto sin que le importen absolutamente nada las personas las personas que deberían ser beneficiarias de ese derecho". Recuerda, además, que hace unos años, "miles de personas de colectivos de discapacidad se plantaron ante las puertas de Presidencia para exigir lo que por ley les corresponde", por lo que pregunta si les va a obligar a movilizarse de nuevo.

Por último, señala que lo que no aparece en los Presupuestos "no existe en la gestión política en Canarias, y precisamente todo lo relacionado con la discapacidad sale de forma muy borrosa y difusa en el proyecto de 2011". Por ello, adelanta que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentados enmiendas encaminadas a paliar esta situación y presentará una pregunta oral en pleno "ante el agravio que plantea la Consejería entre las distintas ONG".