El Congreso de los Diputados dio ayer el visto bueno a la conocida como Ley de Aguas Canarias, una vieja reivindicación nacionalista de, entre otros, el histórico dirigente de Coalición Canaria (CC) Victoriano Ríos, que permite a la Comunidad Autónoma ejercer competencias en el mar que ahora desempeña en tierra.

La iniciativa, que se reactivó con el pacto entre PSOE y Coalición Canaria (CC) para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2011 y que ayer contó con el voto en contra del Partido Popular (PP), se tramitará ahora en el Senado antes de fin de año por la vía de urgencia, tal y como recoge el propio texto aprobado en la sesión de ayer.

La proposición de ley, que durante décadas se había visto frenada por los distintos gobiernos estatales, reconoce que aquellas competencias que estén en el Estatuto de Canarias se proyectan tanto en espacio terrestre como en los espacios marítimos.

Esto es, a partir de ahora, la Comunidad Autónoma podrá, una vez entre en vigor la norma que ayer fue defendida en el Congreso por el diputado palmero de Coalición Canaria, José Luis Perestelo, ejercer en el mar atribuciones como la gestión de los parques nacionales, los espacios naturales en general, el emplazamiento y la explotación de los parques eólicos y otras instalaciones relacionadas con la energía, así como el aprovechamiento de los yacimientos de hidrocarburos.

Además, la nueva norma permitirá ampliar la pesca en aguas interiores, pues se podrá ejercer esta actividad en todo el contorno archipielágico, mientras que hasta ahora sólo estaba permitido en el interior de los puntos más salientes de cada isla.

En este sentido, Perestelo indicó tras la aprobación de la iniciativa que espera que la norma "no tenga ningún problema" para pasar el trámite del Senado, y, por tanto, se cumpla el objetivo de que la ley esté aprobada el 31 de diciembre.

Profundamente satisfecho por el trámite resuelto, el diputado de CC indicó que el efecto inmediato de la norma es que "Canarias crece" al incorporar las aguas del Archipiélago a la Comunidad, lo que se traduce en beneficios en la financiación autonómica.

Además, manifestó que el aumento de las competencias para Canarias supone "un paso importante en la consolidación del autogobierno y un principio de acuerdo sobre el modelo de reforma de estatuto de autonomía que se va a plantear en el futuro".

En esta línea, parafraseó a Victoriano Ríos y dijo que "con esta ley no conseguimos todo lo que nos habíamos marcado, pero abrimos un hueco en el muro puesto entre islas, y ese hueco nos va a permitir, con esfuerzo, que podamos derribarlo definitivamente".

Reivindicación histórica

"Esta norma viene a zanjar una reivindicación histórica de los canarios: que política y jurídicamente se plasme la unidad de Canarias a través del reconocimiento de nuestras aguas como parte del territorio", sentenció Perestelo, quien concluyó que la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar "no prohíbe expresamente" que los archipiélagos de Estado se incorporen las aguas interiores.

Con esta afirmación coincidió el diputado socialista José Segura, quien sostuvo que "los archipiélagos son geográficamente un todo unitario y como tal tienen que ser tratados a efectos de la delimitación de su espacio marítimo", independientemente de si son considerados un Estado archipielágico o un archipiélago de Estado, como es el caso de Canarias. Según aseguró el parlamentario socialista, ese criterio ha sido sustentado por el Tribunal Supremo en varias sentencias.

Al respecto, Segura apeló al Derecho Consuetudinario para afrontar las posibles dificultades que España pueda encontrar en foros internacionales por la denominación de las aguas canarias.

Más positivo se mostró sobre este asunto el secretario general de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Ríos, quien se mostró convencido de que no habrá ningún recurso que pueda invalidar el acuerdo del Congreso.

"Azores ya lo hizo hace casi 30 años, protestó Estados Unidos y no ha pasado nada", dijo Ríos, quien explicó que a efectos internacionales "nadie va a cuestionar que eso son aguas españolas y, por ende, Canarias". "Ni siquiera Marruecos, porque Lanzarote y Fuerteventura ya eran a efectos internos una isla y por tanto que nosotros nos extendamos hacia el oeste no repercute nada con este país", precisó.

Quien sí se mostró en contra de esta ley fue el diputado popular Guillermo Mariscal, quien aseguró que "la tramitación de esta iniciativa legislativa ha estado gobernada por la improvisación y las prisas".

A juicio del parlamentario conservador, esta proposición de ley responde a la "debilidad parlamentaria" del PSOE y al interés de Coalición Canaria de presentarla como un logro en la campaña electoral.

Asimismo, Mariscal criticó la "vaciedad" e "insustancia" de la norma, que, a su juicio, no incluye ninguna novedad en materia competencial ni altera la delimitación actual de los espacios marítimos.

A las críticas del diputado conservador respondió el propio Perestelo, quien lamentó el cambio de postura del Partido Popular en este asunto, pues, según recordó, el PP apoyaba la iniciativa antes, pero cambió su línea después.

"Un antes y un después"

También se mostró satisfecha con la aprobación de la proposición de ley la presidenta de Coalición Canaria (CC), Claudina Morales, quien dijo que era un "acuerdo histórico" para las Islas.

Morales apuntó que supone un "antes y un después", dado que representa el reconocimiento definitivo de las islas como un Archipiélago con plena soberanía del Estado y de la Comunidad Autónoma sobre la tierra y el mar "que nos une y nos separa".

La aprobación de la ley, según Claudina Morales, no sólo permitirá la definición de los espacios marítimos de las islas, sino que, además, reportará notables beneficios económicos a las mismas porque permitirá el acceso a los recursos naturales marítimos.

La presidenta de CC indicó que se trata de un asunto de extraordinaria importancia tanto para Canarias como para el Estado, que tiene derecho a que su espacio marítimo esté claramente delimitado, por razones de muy variado tipo que afectan a la seguridad, a la protección medioambiental y a los recursos de dichas aguas, sobre todo.

Además, añadió que esa proposición de ley es el fruto del esfuerzo realizado durante las dos últimas décadas por parte de los diputados y senadores de Coalición Canaria, es especial los senadores Victoriano Ríos y Miguel Ángel Barbuzano.

En la propuesta aprobada ayer se establece que la delimitación de los espacios marítimos de Canarias se define por el perímetro comprendido entre los puntos extremos más salientes de las islas e islotes que integran, según su Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de Canarias.