El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Domingo Berriel, ha informado de que la no disponibilidad de créditos que ha argumentado el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ha obligado a que las actuaciones de conservación recogidas en la Red Natura 2000 se prolonguen hasta 2014, un año más tarde de lo previsto.

Así lo ha aseverado en una comparecencia parlamentaria, instada por el Grupo Popular a través del diputado Jorge Blanco, sobre los proyectos a desarrollar en el marco de la Red Natura 2000 hasta el año 2013.

En su intervención, el consejero ha recordado que el 30 de diciembre de 2009 se suscribió un convenio de colaboración relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 2000 entre el MARM y el Gobierno de Canarias, toda vez que ambas administraciones tienen competencias en materia de conservación y restauración de la diversidad biológica en los espacios de forman parte de esta Red.

Así, agregó Berriel, la Dirección General del Medio Natural y Política Forestal del MARM se comprometía a realizar las actuaciones que se recogían en el Anexo I de este convenio entre los años 2009 y 2013. Para ello, la inversión del Ministerio ascendía a 11,9 millones de euros y la Comunidad Autónoma contribuía con un millón más.

Sin embargo, el consejero aclaró que este convenio fue modificado el 12 de julio de 2010, redistribuyendo las anualidades del mismo "por motivos de índole técnica y por no disponibilidad de créditos", por lo que la vigencia del convenio se amplió hasta el año 2014. "Ahora bien, la inversión de los convenios se sigue manteniendo", remarcó.

Por parte del Grupo Popular, el diputado Jorge Blanco dijo ver con preocupación que se hayan ido trasladando año a año las obras recogidas en el convenio por razones de carácter financiero por parte del Gobierno de España. De hecho, censuró que en 2009 sólo se hayan invertido 5.000 euros.

Desde las filas de CC, el diputado José Miguel González cuestionó al consejero sobre cómo se van a resolver las competencias comprendidas en el convenio que fue firmado entre el MARM y la Comunidad Autónoma el 30 de diciembre de 2009, y hasta qué punto entiende razonable que se mezcle la política agrícola común con la política de protección.

Finalmente, la diputada socialista Guacimara Medina pidió un esfuerzo por parte de las instituciones en que se explique a la población las actuaciones que se van a llevar a cabo en el territorio, sobre todo en lo que respecta a las zonas rurales, para que así sepan de qué manera pueden ayudar a preservar la riqueza medioambiental de estas zonas y a diversificar su economía.