El Gobierno central ha invertido desde 2004 a 2010 aproximadamente 5 millones de euros en planes de refuerzo en algunos juzgados "sobrecargados" de Canarias, especialmente en los últimos años debido a la crisis.
Así lo informó este lunes en rueda de prensa en la capital grancanaria el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que detalló que durante este período el Estado ha puesto en marcha 118 medidas de refuerzo en juzgados de las islas para pagar salarios complementarios de personal de apoyo.
Acompañado por el secretario general del Partido Socialista Canario, José Miguel Pérez, tras una reunión con miembros del partido, el ministro explicó que en la actualidad dicho refuerzo se centra en el orden de la jurisdicción social debido al "incremento de despidos" por la crisis y en el orden mercantil por el aumento de concursos.
"Se han sobresaturado en exceso unas jurisdicciones que siempre fueron muy ágiles, pero la crisis puso de relieve que necesitaban ser reforzadas para atender a la demanda", justificó, al tiempo que indicó que el resto de acciones de respaldo se han producido en juzgados que "por llevar un asunto de mucha complejidad necesitan apoyos".
Caamaño planteó que, mientras que en la etapa de 1996 a 2004 en Canarias se crearon 45 unidades judiciales, de 2004 a 2010 se han puesto en marcha 64.
POR ENCIMA DE LA MEDIA EN JUECES
Ello ha supuesto que en 2004 el índice de jueces por cien mil habitantes fue de 9,71, mientras que en la actualidad es del 11,64. De modo que "Canarias ha pasado de estar por debajo de la media de jueces por número de habitantes a estar por encima, porque la media española es de 10,68", apostilló.
Igualmente, admitió que Canarias debido a la insularidad presenta datos complicados que tienen que ver con la vacancia y la inestabilidad de muchos de los puestos de trabajo de los empleos públicos que genera el sector de la justicia.
TRIBUNALES DE JUSTICIA
A este respecto, anunció que en enero el Gobierno central presentará un proyecto de ley que va a sustituir progresivamente los juzgados por los tribunales de instancia, algo que, en su opinión, "va a dar mayor estabilidad a las personas que trabajen en la justicia y reducir el índice de vacancia que hoy existe, especialmente en Canarias".
"Allí donde existe un juzgado número 1, dos o tres va a existir un tribunal servido por tres jueces", citó como ejemplo Caamaño, quien incidió en que la creación de tribunales irá progresiva y la comunidad autónoma lo tendrá que solicitar, aprobar el Consejo General del Poder Judicial y, finalmente, el Ministerio de Justicia". Para ello es necesario cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Asimismo, señaló que el Estado procurará que allí donde se establezca la Nueva Oficina Judicial (NOJ) automáticamente se implante la posibilidad de tribunales de instancia.
En este sentido, Caamaño reconoció que en Canarias existe un "retraso en la implantación de la oficina debido a obras de infraestructura", mientras que la NOJ ya es una realidad en Burgos, en Murcia y lo va a ser en Ciudad Real en pocos días".
LA SEGURIDAD DEL SISTEMA ATLANTE
Por otro lado, recordó que en los últimos tiempos el Gobierno central ha firmado con el Ejecutivo canario convenios para crear una Comisión Mixta de Medios Materiales y Personales, constituida el 30 de octubre de 2009; y otro acuerdo de nuevas tecnologías para la Administración de Justicia, suscrito el 24 de noviembre de 2010.
El tercer convenio, firmado en diciembre de 2009, tiene como objetivo que Canarias, con un sistema de gestión procesal propio, el sistema Atlante, pueda interoperar con el resto de sistemas de comunidades autónomas y el Estado en red y en tiempo real.
Cuestionado sobre la polémica suscitada en las últimas semanas respecto al uso del sistema Atlante, según el ministro, éste "es plenamente homologable" al puesto en marcha en otros países y "ofrece las mismas garantías de eficacia, confidencialidad de los datos y de seguridad y control del acceso a la información".
"No conozco sus interioridades, puedo hablar del que tiene el Ministerio de Justicia, donde cualquier entrada o salida del sistema se reconoce perfectamente porque existe firma electrónica autorizada y cualquiera de estos sistemas es mucho más seguro que el viejo sistema de papel, que sí se pierde".
Al entender de Caamaño, "la información procesada informáticamente bajo códigos de seguridad es muy difícil de obtener". "El sistema Atlante creo que es tan seguro como otros muchos sistemas que se están estableciendo en otros países, concluyó el ministro, que hizo hincapié en que gracias a las medidas impulsadas desde su departamento "la unidad del poder judicial va a ser una unidad funcional cierta y va a superar problemas que se dieron en otros momentos y que hay que desaparecer para siempre de los tribunales".