El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizó en Canarias un total de 23 visitas durante 2010, según datos ofrecidos por la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo.

De esta forma, el Archipiélago se situó a la cabeza, junto a Madrid y Comunidad Valenciana, en el número de visitas del Servicio de Inspección. En cuanto a la apertura de expedientes disciplinarios a jueces y magistrados de la Comunidad de Canarias, no se registró ninguno en el pasado año.

En la incoación de expedientes lidera la lista Madrid, con once procedimientos abiertos contra jueces y magistrados por faltas, y le sigue Cataluña (9), Andalucía (8) y Galicia (5).

En total, en España se abrieron 952 informaciones previas abiertas durante el pasado año que desembocaron en la apertura de 47 expedientes disciplinarios; 41 de ellos tuvieron como consecuencia la imposición de sanción a un juez.

En la rueda de prensa, Bravo dijo que la apertura de informaciones previas experimentó un descenso de un 61,7% en relación con el año 2008, en el que se abrieron 2.485 informaciones previas. El descenso también ha sido notable en el caso de la apertura de diligencias informativas. De las 143 abiertas en 2008 se ha pasado a 22 en 2010, un 84,7 menos.

La portavoz, que calificó el descenso de informaciones previas y diligencias informativas como "escalonado y progresivo", señaló que en cuanto a expedientes incoados y sanciones "las cifras se mantienen en los mismos niveles" que en años anteriores, con un ligero repunte en 2009 "debido a un cambio de filosofía del Tribunal Supremo".

Transformación

Bravo indicó que la intención del CGPJ ha sido la de "transformar" el Servicio de Inspección, con la intención de pasar "de una política de corrección a una política de prevención. Así, destacó que en 2010 se realizaron 336 visitas presenciales a órganos judiciales para "asegurar que el trabajo se está haciendo bien y en un plazo razonable". En función de las inspecciones realizadas en 2010, el CGPJ acordó 300 planes de refuerzo, "esenciales para aliviar la fuerte presión que los juzgados de lo Mercantil y de lo Social están sufriendo a consecuencia de la crisis".

El Servicio propuso, además, 1.600 medidas y realizó más de 5.000 informes en el marzo del Segundo Plan de Actuación de Actualización de los Procedimientos.