La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado este miércoles la "pasividad" de los responsables de la Administración General del Estado que, ya que "tras cuatro meses de silencio, no han sido capaces de salir al paso de las acusaciones lanzadas contra los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en Santa Cruz de Tenerife, a los que se vinculó --sin tener relación alguna-- con la detención de un ciudadano tetrapléjico, por un episodio derivado de un procedimiento judicial por violencia de género".

Según ha informado la CEP en un comunicado, el hecho ocurrió el 3 de septiembre del año pasado y la detención de esta persona fue ejecutada por la Policía Local de la ciudad, con arreglo a una situación en la que se denunciaba la existencia de armas de fuego.

Por tanto, y aunque "en nada nos merezca cuestionamiento alguno el trabajo de los policías locales", la CEP quiere dejar claro que el Cuerpo Nacional de Policía no tuvo relación alguna con aquella intervención, a pesar de que públicamente se nos vinculó con lo que fue calificado como una "desproporción" o un "exceso".

La intervención de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el citado incidente se limitó a recibir a la persona que ya había sido detenida por el Cuerpo local.

A la luz de los hechos, se le ofreció la posibilidad de acogerse a la figura legal del "habeas corpus", abriendo la puerta a su inmediata puesta a disposición judicial y sometiendo a la tutela de la autoridad judicial todas las actuaciones policiales posteriores.

"Nos encontramos, por tanto, ante un malentendido que supuso la vinculación pública del Cuerpo Nacional de Policía con un episodio en el que se denunció, incluso judicialmente, la corrección o no de una detención con la que nosotros nada tuvimos que ver y en la que pusimos a disposición de la persona afectada todos los mecanismos legales a nuestro alcance para trasladar a la autoridad judicial sus argumentos y la conveniencia de una puesta en libertad, atendiendo a las particularidades del caso, especialmente a la necesidad de proteger su salud", ha argumentado.

La Confederación Española de Policía, por tanto, lamenta el silencio de los responsables de la Administración General del Estado en este caso que, durante cuatro meses, no han querido salir al paso de las críticas recibidas por el Cuerpo Nacional de Policía, debido a una información errónea sobre el origen y la evolución posterior de aquella detención.