El consejero regional de Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, aseguró ayer el Gobierno de Canarias tiene "suficientes argumentos jurídicos y técnicos" para que la obra de Eduardo Chillida en la Montaña de Tindaya, en Fuerteventura, "no se vea interferida, por más que alguien tenga voluntad de boicotearla".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que compareció junto al portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, Berriel sostuvo que la paralización de los trabajos "no traería nada nuevo a nadie", y remarcó que el Gobierno está "preparado" para dar las respuestas jurídicas "convenientes". En todo caso, precisó que como toda obra pública, puede correr el riesgo de que se "judicialice"

El consejero de Medio Ambiente subrayó que el objetivo es que la obra no se haga con inversión pública, e incidió en que de los informes técnicos y económicos se deduce "la rentabilidad clara de la obra".

Según aseguró, de estos informes se desprende que los 75 millones que costarían los trabajos se amortizarían en "no más de diez o doce años", por tanto consideró "atractiva" la concesión administrativa para los inversores, que el Gobierno puede otorgar por un plazo de hasta 40 años.

Domingo Berriel añadió también que el acuerdo alcanzado esta semana con la familia Chillida no es "un nuevo impulso" al proyecto, puesto que el Gobierno "no ha dejado de trabajar en él", y avanzó que ahora resta "continuar" con el proceso expropiatorio de los terrenos de la montaña, "para conservar el entorno". "Para comenzar la obra poco suelo más se necesita", precisó.

En este sentido, y preguntado por la propiedad de estos terrenos, algunos de los cuales pertenecen al ex diputado del PP, Domingo González Arroyo, el consejero regional advirtió de que al Gobierno "le da igual" de quién sea el suelo o no, y avanzó que "será el justiprecio" del suelo el que se abone como consecuencia del expediente expropiatorio. "El Ejecutivo ni ha mirado ni le preocupa de quién es cada una de las múltiples parcelas de la Montaña de Tindaya", matizó.

También se refirió al conflicto que el Gobierno regional mantiene con las empresas NECSO y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), adjudicatarias iniciales del proyecto de Tindaya, y apuntó que "ojalá" las citadas empresas reclamen que tienen aún los contratos vigentes, "porque entonces tendrían que hacer la obra".

De cualquier forma, Berriel argumentó que no teme que este problema pueda entorpecer el inicio de los trabajos, en tanto en cuanto el Gobierno "tiene" un escrito de las dos empresas en el que "garantizan" que no van a obstaculizar ningún concurso público.

Respecto al dinero que el Ejecutivo canario ha invertido a lo largo de los 18 años que se ha prolongado la iniciativa de Chillida, Berriel cifró en unos 3.000 millones de pesetas -18 millones de euros- esta cantidad. De ellos, 900 corresponden a la concesión administrativa que se hizo por la explotación minera, otros 2.000 se abonaron a NECSO y FCC para gastos de implantación y de estudios, y otros 100 se pagaron por el proyecto técnico. Las dos primeras cantidades están recurridas en los tribunales por parte del Ejecutivo al entender que hubo "incumplimientos".

En relación con el proyecto se manifestó también ayer Luis Chillida, hijo del artista vasco, quien dijo que tanto él como su familia están "ilusionados" con los "avances" en el proyecto de la montaña de Tindaya, única obra inconclusa de su padre y que en su opinión resumirá toda su trayectoria.

En declaraciones a Efe señaló que su padre dejó encomendado a la familia continuar con este proyecto artístico, el "Monumento a la Tolerancia", cuando se percató de que no podría verlo concluido por los plazos. Que finalmente se consiga sacarlo adelante "sería un motivo de gran satisfacción y homenaje", agregó.

Por su parte, el secretario general del PSC, José Miguel Pérez, dijo ayer que ha solicitado un "impecable" expediente económico de la iniciativa.