El programa electoral del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) incluirá de cara a los próximos comicios una propuesta en la que plantea una reorganización "profunda" de la administración autonómica para poner fin a "tantos años de derroche" y que también afectará a los cabildos y a los ayuntamientos canarios, tal y como ha anunciado en una rueda de prensa el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Hernández Spínola.
Esta reforma, según el propio Spínola, mantendrá la misma línea que el ''Plan de Austeridad'' que el PSC-PSOE ya propuso en la Cámara parlamentaria; por tanto, significará una reducción de la estructura del Gobierno de Canarias que afectará a viceconsejerías, direcciones generales, secretarías generales técnicas, empresas y fundaciones públicas, así como a organismos autonómicos.
De la misma manera, añadió el portavoz, esta propuesta supondrá acabar con la duplicidad de competencias que desempeñan de forma simultánea el Gobierno de Canarias y los siete cabildos, potenciando el papel competencial de estas corporaciones. Con respecto a los ayuntamientos, se trabajará en una línea de mancomunar servicios con el objeto de reducir el gasto público y aprovechar los recursos humanos de los 88 ayuntamientos de Canarias.
El PSC-PSOE, por medio de esta reforma, también mantiene la intención de reducir en un 50 por ciento el personal eventual de la Comunidad Autónoma, o lo que es lo mismo, una reducción del personal de confianza y de las personas "elegidas a dedo", tal y como remarcó Spínola, quien, igualmente, adelantó que afectará al Parlamento de Canarias al considerar que es una institución que también "tiene que producir un ahorro del gasto".
PACTO POR LA PRODUCTIVIDAD
Por otro lado, en el programa electoral de los socialistas canarios también se incluirá un pacto por la productividad y el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma para el periodo 2012-2015.
Según Francisco Hernández Spínola, los empleados de la Administración autonómica tienen un índice de productividad por debajo de la media de los trabajadores canarios y, en estos momentos, la Comunidad Autónoma destina en torno a 2.738 millones de euros en concepto de gastos de personal.
Es por ello por lo que, tal y como precisó el portavoz, queda justificado este acuerdo que debe ser un pacto negociado con los empleados públicos cuyas líneas de actuación más importantes supongan establecer unos objetivos cuantitativos de producción para cada uno de los trabajadores de la administración autonómica, introducir de una forma más efectiva la administración electrónica, mejorar las ratios de reintroducción de parados en el mercado laboral a través del Servicio Canario de Empleo, mejorar las estadísticas de las listas de espera sanitaria e introducir un sistema de calidad en el sistema sanitario público, así como mejorar la posición de la región en el próximo informe PISA.