El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) cometió "un error tras otro" en el proceso de negociación con el que pretendía introducir en la empresa el recorte salarial del 5% impuesto por el Gobierno central, hasta tal punto que llegó a recurrir a los despidos como "medida de presión o castigo al comportamiento de la representación de los trabajadores". A esta conclusión ha llegado el juez que ha examinado la demanda de uno de los empleados despedidos contra el centro, dependiente del Gobierno autónomo.

El Juzgado de lo Social número 6 de Santa Cruz de Tenerife condena al ITC a readmitir al trabajador y a abonarle los salarios que ha dejado de percibir desde el momento en que se prescindió de sus servicios. La resolución judicial no es firme, aunque la dirección del centro no quiso avanzar ayer a este periódico si interpondrá un recurso contra ella.

El magistrado es particularmente contundente al pronunciarse sobre la actuación del Instituto durante la negociación de la rebaja retributiva. Aunque no duda de que la empresa se encontrase en situación de crisis, sí rechaza que ésta haya sido "la motivadora del despido", como alegaba el propio ITC.

En este sentido, el juez concluye que el despido "ha sido utilizado por la empresa como instrumento en la negociación entablada" y como respuesta a un proceso que "no alcanzaba los resultados pretendidos", algo que cataloga como un "fraude de ley".

"La dirección empresarial prácticamente exigió un acuerdo (los acuerdos no se exigen, se alcanzan) y amenazó con despidos en el caso de no alcanzarse para poder llegar al recorte exigido", argumenta la sentencia, que recuerda que esta previsión no está contemplada en la ley 7/2010, que fija el recorte salarial del 5% para los empleados públicos y recoge que éste deberá ser negociado en el caso de las empresas públicas.

Pero la actuación del ITC "no quedó ahí", prosigue el magistrado, sino que "cuando se dio cuenta del absurdo de su posición, no utilizó el despido para conseguir la reducción presupuestaria, sino para obligar a la aceptación de una rebaja salarial que (...) pudo establecer unilateralmente en cualquier momento".

Los despidos en el ITC desembocaron en una huelga que fue desconvocada cuando el entonces secretario general del centro, Jesús Velayos, abandonó su puesto para ser nombrado interventor general de la Comunidad Autónoma. Los representantes de los trabajadores siempre responsabilizaron de la situación creada en el Instituto a Velayos, al que acusaron de coaccionar y amenazar a la plantilla, motivos que fundamentan la querella presentada contra él y que ha sido admitida a trámite.

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