MIENTRAS en Andalucía vuelan cientos de millones de euros a cuenta de ERE en los que se jubilaba generosamente a gente que nunca había trabajado, en Valencia el celoso fiscal reclama doce mil euros a Camps por lo de sus trajes, sus corbatas y sus pares de zapatos supuestamente aceptados de terceros, a cambio de presuntos favores.

No decimos nada en contra de que si Camps aceptó esos trajes, que los devuelva. Y nos gustan los fiscales celosos. Tampoco tenemos por qué dudar del presidente valenciano, que sinceramente no creemos que sea tan memo y simple para trincar un traje de alpaca. Aunque sea de alpaca fría. Pero el celo del fiscal valenciano huele a cortina de humo cuando en Andalucía se ha producido, y los indicios son serios, un tremendo fraude.

Tengan por seguro de que la actitud del acusador público valenciano ha ocupado más centímetros en los periódicos y espacios en los medios audiovisuales que la mamandurria andaluza. Uno está harto de tanto corte y confección cuando millones de euros han sido dilapidados precisamente en una de las regiones con más paro de España.

Es lo malo que tienen los socialistas, que utilizan la jerarquía hasta el final. Da la impresión de que la fiscalía española en general se espabila mucho cuando las cosas punibles penden sobre las cabezas de personas ajenas al PSOE. Y es más remolona cuando ocurre lo contrario. Habría que recordar a tan conspicuos defensores de la legalidad que todos somos iguales ante la ley.

Y ponemos un ejemplo de casa. La Audiencia de Tenerife ha dado la razón a un periodista, Daniel Montesdeoca, confirmando una sentencia de instancia, y ha condenado a un concejal socialista portuense por rayarle el coche e insultar gravemente al citado informador. Pues, aunque no lo crean, el fiscal se puso de parte del condenado, en la apelación, cuestionando la legalidad de las pruebas aportadas. ¡Dios mío!, ¿a dónde vamos a parar?

Estamos viviendo un momento peligroso en la política y en la justicia. Y en la policía. Posiblemente tenemos la mala justicia que nos merecemos, por nuestra poca cabeza y por nuestro nulo interés en reformarla. Hasta para esto es preciso tener generosidad. Y no la hemos tenido. Y ya se encargó el peor ministro de Justicia de la democracia, el canarión López Aguilar, de destrozarla del todo, creando fiscalías que a veces más parecen instrumentos de su partido que defensoras de la legalidad. Lo decimos como lo sentimos, y con mucho dolor, sin referirnos ahora a ningún caso concreto, sino en general y en el uso de nuestra libertad de expresión.

Menos alharacas de corte y confección, pues, para derribar líderes regionales y más meter la mano en los asuntos que realmente sean escandalosos y lo merezcan.