El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, anunció ayer que recurrirán ante el Tribunal Supremo (TS) el fallo de la Audiencia Provincial de Las Palmas que desestima el recurso de apelación que presentó el Ejecutivo contra una sentencia favorable a la unión temporal de empresas FCC-Necso, encargada de ejecutar el proyecto de Tindaya (Fuerteventura).
En ese primer fallo, de 15 de febrero de 2008, el Juzgado de Primera Instancia Número 8 falló contra la Comunidad Autónoma y a favor de la UTE, y reconoció, además, el derecho de FCC-Necso a recuperar la garantía por importe de 2.133.217,12 euros más los intereses legales cuyo pago bloqueó la Comunidad Autónoma.
Esto ocurrió durante el mandato de Román Rodríguez, en el transcurso del cual se inició un procedimiento judicial al considerar que la Comunidad Autónoma había sido objeto de un engaño en virtud del cual se pagaron 11,8 millones de euros en concepto de "gastos de estudio e implantación", sin que se hubiera realizado trabajo alguno en la montaña de Tindaya para la ejecución del proyecto ideado por Eduardo Chillida.
Confirmación íntegra
Tras producirse el primer fracaso judicial, el Gobierno recurrió en apelación, recurso sobre el cual se ha manifestado ahora la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. La Audiencia, en un auto fechado el pasado día 8, confirma "en su integridad" dicho fallo inicial, "con expresa imposición a los apelantes de las costas", según informó ayer el periódico Canarias 7.
En esta sentencia, la Audiencia muestra su perplejidad por el hecho de que la Comunidad Autónoma alegue haber sido engañada por la UTE, pues "el engaño que se invoca -la supuesta ocultación del verdadero destino del dinero entregado- habría nacido en el seno de la misma", en alusión a la empresa Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, participada en un 50% por la Comunidad Autónoma, y que ahora está en vías de disolución.
El órgano judicial agrega, también, que no se puede hablar de un "pacto secreto" entre la UTE y la empresa Cabo Verde, propiedad de Rafael Bittini, pues también la Comunidad Autónoma estaba al tanto de los pasos que se seguían. La Audiencia indica, además, que "ha quedado sobradamente demostrado hasta la saciedad" que no es imputable a la UTE intencionalidad alguna por la no ejecución de los trabajos.
"Vamos a pelear hasta el último segundo cualquier cuestión que tenga que ver con la defensa de los recursos públicos. Todavía nos queda el Supremo", dijo Paulino Rivero al respecto.
En este sentido, el presidente del Gobierno canario recordó que esta misma semana el Tribunal Supremo dio la razón a la Comunidad Autónoma en una conflicto por la moratoria turística, por el que un empresario reclamaba al Ejecutivo regional 174 millones de euros por responsabilidad patrimonial en dos casos de Costa Adeje y Puertito de Adeje, en Tenerife.