La controversia entre la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) y el equipo decanal de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna (ULL) ha adquirido cada vez mayor intensidad desde que el pasado martes el grupo de alumnos, mayoritario en su sector dentro del Claustro de la institución, denunciara que las becas de unos 300 estudiantes podían retrasarse debido a una negligencia de la Facultad, un extremo luego desmentido por ésta.
Posteriormente, según AMEC, el decano de Psicología, Pedro Avero, "presionó" a los representantes del grupo. "El decano intentó obligar a dichos alumnos a realizar un comunicado a espaldas del grupo del que forman parte, bajo la amenaza de que si no lo hacían serían expulsados de la propia Facultad de Psicología, se les abriría expediente académico e iniciaría de inmediato las diligencias judiciales oportunas".
La formación estudiantil ha solicitado al rector de la ULL la destitución de Avero "por no estar a la altura de las circunstancias como cargo académico", al tiempo que le demandan medidas para corregir lo que definen como "un acto de violencia institucional".
Proceso "impecable"
Por su parte, el decano ha anunciado que el centro que dirige "se ha puesto en marcha para adoptar medidas legales" contra AMEC por "poner en tela de juicio un procedimiento administrativo impecable" -la tramitación de las becas-, algo que, a su juicio, demuestran los datos que presentó a los representantes del grupo.
Pedro Avero desmiente haber presionado o perseguido a los alumnos. "Lo que he hecho es mostrar de forma muy seria que verter acusaciones falsas tiene consecuencias importantes. Pedí una rectificación a una información que se ha demostrado equivocada, pero ellos no han ido por ahí, sino que han interpretado que el que yo pretenda que deshagan este entuerto es una medida de presión", argumenta el decano.
Frente a las acusaciones de AMEC sobre la tramitación de las becas, la Facultad ha alegado que ésta ha sido "ejemplar" y que todas las solicitudes de ayudas han sido presentadas ante el Gobierno. Según el decano, el problema reside en que había un grupo de alumnos que no tenía derecho a becas por no cumplir el requisito de tener aprobado al menos un 60% de los créditos.