El presidente regional, Paulino Rivero, llamó a la legislatura que finalizará en menos de tres meses la "de las personas". Fue un intento por hacer ver desde el principio que los efectos de la crisis se verían compensados en las Islas por la gestión de un Gobierno que iba a estar volcado con las políticas sociales y que conseguía presidir gracias al apoyo del Partido Popular (PP). Pero tras cuatro años la crisis se nota -y mucho-, pese al balance de gestión más bien complaciente que el jefe del Ejecutivo llevó al Parlamento la semana pasada.
Y es que el mandato de Rivero ha coincidido con el deterioro de la economía mundial: investido en el cargo en julio de 2007, la quiebra del banco de inversión Bear Stearns en marzo de 2008 marcó el comienzo de una crisis que primero fue financiera y luego cambió varias veces -de alimentos, de materias primas y energética- para permanecer hasta hoy día.
Paradojas de la vida, Rivero despedirá su mandato este año con un presupuesto (6.512,6 millones de euros) algo menor que con el que lo comenzó en 2007 (6.594,8 millones de euros), según los datos que proporciona el propio Ejecutivo regional.
Pero entre medias, la Comunidad Autónoma percibió ingresos mayores (7.745,3 millones el año pasado, 7.263,2 millones en 2009 y 7.110,7 millones en 2008) que dieron lugar a enormes gastos que ahora las Islas no pueden asumir y que, en muchos casos, resulta muy complicado recortar.
Un ejemplo vivo son las medidas de disminución de las retribuciones de los empleados públicos que mantiene ahora en vilo al Gobierno. Con los comicios locales y autonómicos a la vuelta de la esquina, su empeño en rebajar el número de liberados sindicales y de suspender numerosos acuerdos previstos en los convenios colectivos de los trabajadores públicos -como las aportaciones a los planes de pensiones- auguran una precampaña y campaña electoral entre pancartas y manifestaciones.
Es un escenario que, por supuesto, el Ejecutivo busca evitar a toda costa, pero se ve sin margen para maniobrar -así lo reconocía el grupo de Coalición Canaria (CC) en el Parlamento esta semana-. Y es que esas medidas supondrán un ahorro, según las estimaciones de la Administración, de casi 130 millones de euros, una importante cuantía a la que no puede renunciar. En este sentido, el legado de la legislatura será el final de una larga luna de miel en lo que a conflictividad laboral se refiere tras años de lamentaciones por parte de los sindicatos debido a la falta de diálogo con el Gobierno, pero en los que rara vez hubo movilizaciones.
Sorprende más las decisiones del Ejecutivo en áreas estratégicas -como la educativa- en la que sus políticas han ido al contrario del ciclo económico. Siendo uno de los pilares básicos de las políticas sociales, sus recortes han sido de los que más disgusto han causado en la población. Y es que pese a que los ingresos de Canarias aumentaron sin excepción entre 2007 y 2010, la proporción destinada a este departamento bajó sin cesar. En 2007, sus fondos representaban el 26,2% del total presupuestario regional. En 2008 bajó a un 25,8% para volver a caer (al 25,5%) en 2009. El año pasado apenas llegó al 24,9%.
Aún con los ingresos al alza y un discurso oficial a favor de la formación y la preparación como fórmula para salir de la crisis, está claro que el Ejecutivo de Rivero relegó año tras año la importancia relativa de materia. El peso porcentual de estas políticas solo se recuperó este año -subió al 26,2%, lo mismo que tenía en 2007- tras perder las Islas unos 857 millones de euros de ingresos en relación al ejercicio anterior y que la educación canaria prescindiera de unos 132 millones.
Pero la mala situación económica es, antes que un problema para la Administración, un drama para las economías privadas -empresas y familias-.
La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife atestigua en el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de enero de este año que las compañías canarias siguen viendo negro el futuro.
Ese mes, los empresarios ratificaron el pesimismo en la economía que ya habían adelantado en el trimestre anterior. Esta vez, la decisión estuvo sustentada en el retroceso del volumen de negocios, la caída de las inversiones y la expectativa de que la demanda seguirá débil en las Islas.
Aunque Rivero destacó en su balance la "apuesta" del Gobierno por las empresas a través de las ayudas a las nuevas contrataciones y el impulso a los avales -para mejorar su liquidez-, lo cierto es que el grifo de la banca sigue cerrado y apenas deja escapar algún préstamo, según el 28% de las compañías isleñas. La propia Cámara tinerfeña estimó a finales del año pasado en 75.000 los empleos destruidos y en más de 5.400 las empresas cerradas por causas atribuibles a la crisis solo en la actividad de la construcción.
Del lado de las familias la situación también ha empeorado en estos últimos años. En los cuatro ejercicios previos, las familias percibieron que estaban en una situación boyante gracias a los precios que alcanzaron las propiedades inmobiliarias, su mayor inversión -y aval para endeudarse-. El Índice de Precios de Vivienda que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que las casas de los isleños en 2007 se revalorizaron -de media- en un asombroso 12%, para aumentar en 2008 a un discreto 2%. Pero en 2009 -último dato- la fiesta acabó y lo que hubo fue un retroceso de los precios de casi el 4%.
Por su parte, la pobreza, que había estado contenida en los años anteriores, despertó de su letargo en el Archipiélago con la crisis. Los canarios situados por debajo del umbral de la pobreza en 2007, según el INE, suponían el 26,8% del total de la población. En 2009, eran ya 27,5%.
El dato es coherente con el porcentaje de hogares que no puede permitirse comprar carne, pollo o pescado al menos dos veces por semana (5,9% en 2007 a 6,5% en 2009), o los que no pueden mantener la casa con una temperatura adecuada (que pasaron del 7,9% en 2007 a 20,1% en 2009) o los que han visto mermada la capacidad para hacer frente a gastos imprevistos (56,1% en 2007 a 56,8% en 2009).