El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha informado de que los juzgados han pedido la documentación de tres empresas que reclaman al Ejecutivo unos 151 millones de euros como consecuencia de la denegación de las solicitudes de indemnización previstas en la Ley de Medidas Urgentes.
En comisión parlamentaria, el consejero ha explicado que existen 54 expedientes de solicitud de indemnización prevista en la citada Ley que suman un valor inicial expuesto por los reclamantes que oscila entre 600 y 800 millones de euros.
De estas 54 solicitudes, agregó el consejero, se han resuelto 35 y 19 están a punto de ultimarse al quedar sólo pendientes las valoraciones correspondientes.
Añadió, además, que la resolución de todas ellas "ha sido desestimatoria y muy acreditada porque se ha hecho un examen exhaustivo de la consolidación de derechos y, consecuentemente, se ha determinado que no están consolidados los derechos urbanísticos en algunos de los casos".
En relación a los procedimientos contencioso-administrativos interpuestos como consecuencia de las denegaciones de las solicitudes de indemnización previstas en la Ley de Medidas Urgentes, el consejero apuntó que por el procedimiento ordinario se han presentado ocho y los juzgados han pedido la documentación de tres al Gobierno de Canarias, cuya petición asciende a 151 millones de euros.
Entretanto, unas 30 de las 54 solicitudes han optado por la vía del silencio administrativo positivo al entender que como no había un plazo de resolución expresa en la legislación, era aplicable lo previsto en el art. 43 de la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas de Procedimiento Administrativo Común, una cuestión que --remarcó-- "ha sido rebatida con dictámenes de catedráticos".
Finalmente, los expedientes de reclamación anteriores a 2005 se están juzgando todavía en el Tribunal Supremo, donde quedan unos tres pleitos pendientes de sentenciar con cuantías importantes, concluyó Berriel.