El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, aseguró hoy que el gran problema que tiene la Justicia en Canarias es la interinidad de sus funcionarios, ya que el 55 por ciento de los mismos piden el traslado a otra comunidad una vez conseguida su plaza en el archipiélago y cumplido un tiempo mínimo.

Ruano, en una comparecencia parlamentaria sobre las medidas adoptadas por la Consejería para corregir las deficiencias en las áreas del Servicio de Administración de Justicia que dio a conocer la memoria de 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), explicó que Cataluña tiene todavía más interinidad, con un 70 por ciento, debido al idioma.

"El problema es que Canarias paga las nóminas a los funcionarios pero las convocatorias las hace el Estado y se presentan opositores de toda España", aseguro, y agregó que esto influye en la preparación de los funcionarios, algo que la memoria del TSJC señalaba como importante déficit.

"Hemos avanzado en la formación de los funcionarios, ya que los que se marchan una vez conseguida su plaza, un 55 por ciento, se tiene que contratar a interinos para los que tenemos programas específicos", subrayó.

"Canarias cuenta con 2.200 funcionario en Justicia y tenemos una lista de 15.000 aspirantes para las sustituciones", subrayó.

El consejero señaló que la memoria del TSJC, motivo de la comparecencia, es la correspondiente a 2009 pero ahora, en 2011, "podemos decir que tenemos un buen balance".

"Hemos dado el paso para la implantación de la nueva oficina judicial que se conforma con servicios comunes y las unidades para atender a las víctimas por violencia de género, tanto en los juzgados específicos de violencia de género como en los mixtos, están respondiendo en tiempo suficiente a las demandas", afirmó Ruano y agrego, "ya no hay atasco como había antes".

"También hemos avanzado en la modernización de los archivos judiciales, en el sistema de gestión procesal y en los temas vinculados a las unidades judiciales", añadió.

A este respecto, el consejero dijo que entre 2007 y 2011 se han creado en Canarias más de 20 unidades judiciales.

Francisco Fajardo, diputado Socialista, señaló que en la memoria del TSJC se dice que se deben implementar las plantillas de funcionarios y se pone en duda la formación de los nuevos funcionarios que tienen que estar dirigidos por los de mayor experiencia.

"En la memoria se dice que hay funcionarios que entran sin saber utilizar un ordenador y eso da lugar al colapso en la Administración de Justicia"", subrayó.

El diputado también se refirió a la tardanza en cubrir las bajas, "que a veces se tarda hasta meses".

María del Mar Arevalo, diputada popular, señaló que la saturación es la nota dominante de la Justicia canaria; "saturación en los civil y en lo penal", añadió.

"Vemos que hay instrucciones que se eternizan y, por ejemplo, la admisión a trámite de una demanda por desahucio puede tardar cuatro meses, solo para admitirla a trámite, y cómo le explicas eso a una persona que tiene un inquilino que no le paga", añadió.

Indicó que los gabinetes psicosociales, sobre todo el de Telde (Gran Canaria) funcionan mal y acumulan retrasos de un año, "eso significa que en un proceso de familia para dilucidar aspectos de la vida de un menor que necesita un informe psicosocial que determine que es lo más le conviene al menor queda en suspense durante un año", afirmó Arévalo.