El PSC-PSOE, a través de la diputada Eulalia Guerra, ha acusado a la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias de "dificultar" la prestación de la justicia gratuita al retrasar de forma insultante el pago a los letrados de los colegios de abogados del archipiélago que llevan a cabo la representación jurídica de las personas que menos recursos tienen.
"Los socialistas nos sumamos a la justa reivindicación de los abogados y abogadas de las Islas que demandan que se les pague sus emolumentos en tiempo y forma, ya que la Consejería de Presidencia y Justicia tarda más de seis meses en abonar los servicios prestados", destacó la socialista en un comunicado.
De esta manera, la diputada sostuvo que para el Gobierno de Canarias la justicia en general y la gratuita en particular "no es una prioridad, ya que recorta los presupuestos de la Administración de Justicia de forma importante, no la dota de material ni de personal como es su obligación y no atiende las demandas de seguridad en el ejercicio de las funciones judiciales".
"Para colmo, tampoco respeta de forma debida el derecho de la población que menos tiene de acceso a la justicia a través del turno de oficio", enfatizó Guerra de Paz, que afirmó que el retraso del pago a los letrados del turno de oficio dificulta la representación y asesoramiento de la población que demanda los servicios de la justicia gratuita.
Destacó el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a los abogados y abogadas del turno de oficio, y recordó que "su reivindicación la hemos asumido como propia desde las primeras denuncias por impago que formularon contra la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias".
"Nadie --añadió-- entiende que alguien que realiza su trabajo y preste un servicio cobre por este más de seis meses más tarde, facilitando el empobrecimiento de estos profesionales, que tienen que realizar su labor y cumplir con el pago de los gastos que genera su actividad profesional, sin recibir la legítima contraprestación".
Agregó asimismo la "grandeza" de la justicia gratuita para lograr que la igualdad de todas las personas sea también en el acceso a la Justicia, recuerda que la Administración Autonómica es la responsable del pago por el ejercicio de la asistencia jurídica gratuita y remarca que lo debe hacer dentro de los plazos acordados y por el montante aprobado legalmente.
"No es de recibo, que nuevamente el Consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, vuelva va a manifestar que se va a solucionar lo del pago o que ha habido un error de interpretación. Ya lo ha dicho en otras ocasiones y ha incumplido, perjudicando seriamente a estos profesionales", apuntó.
La parlamentaria socialista manifestó que el Gobierno de Canarias "no sólo maltrata a los abogados y abogadas del turno de oficio, también lo hace con los empleados públicos de toda la Administración de Justicia de Canarias a los que obliga a trabajar en condiciones laborales pésimas, lo que ha sido denunciado reiteradamente y no se ha solucionado aún".
Finalmente, criticó la falta de formación de los nuevos trabajadores, así como la inseguridad en las comunicaciones y la información que se realiza a través del sistema operativo de gestión informático Atlante II, extremo denunciado por jueces, fiscales y todo el personal de la Administración de Justicia.