El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy por unanimidad la ley de cajas de ahorro, que acentúa su profesionalización, las fortalece en los grupos bancarios en los que se integran y las dota de una adecuada representación en los órganos de gobierno para defender los intereses de los impositores canarios.

El proyecto de ley fue presentado por el Gobierno regional, cuyo consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, agradeció la colaboración de todos los grupos parlamentarios en la adaptación del régimen de las cajas canarias a la legislación estatal.

Ello contribuirá a que estas entidades financieras sigan cumpliendo su objetivo de contribuir al desarrollo económico del archipiélago al tiempo que se da confianza a los mercados financieros, dijo el consejero.

Explicó que la ley nace para adaptar las estructuras de las cajas al cambio "fundamental" en el negocio bancario derivado de la crisis económica internacional.

El presidente del grupo parlamentario Popular, José Manuel Soria, coincidió en que la crisis ha tenido unas raíces "altamente financieras con efectos también marcadamente financieros que han desplegado toda su virulencia" en la economía real, con una menor tasa de consumo e inversión y una alta tasa de desempleo.

Esto ha provocado cambios profundos en el negocio bancario como consecuencia del aumento de la morosidad y el endurecimiento de las condiciones de financiación en los mercados mayoristas y, por lo tanto, una mayor dificultad de las entidades financieras para obtener recursos, añadió.

La ley es necesaria y no cambia sustancialmente la realidad financiera canaria, dijo Soria, quien consideró que tiene aspectos muy positivos como el de limitar hasta en un 40 por ciento la representación de las entidades públicas en los órganos de gobierno de las cajas y limitar a 8 años el ejercicio de los cargos.

También se aumenta la exigencia de una formación adecuada para los consejeros, establece que los representantes del Parlamento de Canarias deben ser de reconocido prestigio y profesionalidad y se determinan causas de inelegibilidad si se desempeñan cargos electos o en el sector público, precisó Soria.

"Hoy las dos cajas canarias están integradas en plataformas de grandes instituciones del sistema financiero español, y no quiero ni pensar qué habría ocurrido de seguir otro camino o haber optado por fórmulas de fusión sin tener el volumen necesario de activos que exige el mercado actual", advirtió.

A su juicio, este proceso se ha desarrollado sin interferencias políticas, ha habido cambios en la buena dirección y en el futuro las cajas podrán cumplir con su papel "sagrado" de canalizar crédito, liquidez y dinero en forma de préstamos para que las familias consuman y las empresas inviertan.

Para el diputado del grupo parlamentario Socialista Blas Trujillo ha habido una ausencia de política regional en esta materia porque en el fondo han sido las instituciones locales de Gran Canaria y Tenerife las que han estado marcando el devenir de las cajas de ahorro.

Sin embargo, admitió, esta inacción ha tenido un factor positivo en esta legislatura ya que, a diferencia de otros, el Gobierno canario no ha tenido injerencias en los procesos desarrollados por las cajas.

Ello no impide, añadió el parlamentario socialista, que en esta materia "vayamos detrás de la realidad a marchas forzadas y a otro plazo volveremos a ver cambios normativos", pero es "bueno y positivo" que tengamos que el ordenamiento jurídico adaptado a la normativa básica del Estado.

La ley, que consta de 107 artículos, establece una distinción entre los órganos "de la entidad que se queda y los de la entidad bancaria" a la que se ha integrado la caja de ahorros porque, si se seguían los derroteros del primero borrador, dijo Trujillo, "Canarias desaparecía".

Apuntó que ha sido controvertido el asunto relativo a la edad de acceso de los miembros de los órganos de gobierno, que se circunscribe al reglamento que sobre la cuestión elabore el Gobierno de Canarias, "lo que parece mucho más adecuado".

El parlamentario de CC José Miguel González defendió dos enmiendas "in voce" que fueron aprobadas por unanimidad para ampliar a 13 el número de vocales de los consejos de administración y de la comisión de control de las cajas de ahorro, y subrayó el consenso alcanzado en el Parlamento regional en la tramitación del proyecto de ley.