El Consejo de Gobierno de Canarias ha tomado hoy en consideración y ha decidido solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias respecto al proyecto de decreto sobre el dimensionamiento de las acometidas eléctricas y las redes de distribución en función de la previsión de carga simultánea.
Martín Marrero, portavoz gubernamental, explicó que con este proyecto de decreto se pretende racionalizar los costes de las instalaciones de acometidas eléctricas a los usuarios, en beneficio, fundamentalmente, de las industrias, los polígonos industriales y las urbanizaciones residenciales.
En la actualidad muchos usuarios se ven obligados a costear unas instalaciones de las que no hacen uso, pues la legislación establece unas previsiones de carga simultánea (previsión de la potencia máxima que pueda necesitar el total de usuarios conectados a la vez a la red eléctrica) muy superiores a las necesidades de los usuarios.
A través de esta normativa que se ha tomado en consideración se definen y unifican los criterios técnicos en relación con la metodología para la determinación de la previsión de carga y los coeficientes de simultaneidad a considerar en las extensiones de la red de distribución, incluidas las acometidas eléctricas, respetando el marco legal vigente en el ámbito estatal.
Asimismo, se establecen algunas precisiones que den racionalidad y funcionalidad a la ejecución de estas instalaciones sin menoscabo de la seguridad más exigible.
También se han incorporado en este proyecto de decreto algunas premisas específicas derivadas de las características típicas y dimensión media de nuestras industrias, de tal manera que se favorezca su desarrollo, sin que ello implique incurrir en un sobrecoste desproporcionado en las inversiones eléctricas vinculadas.
Dicho principio también se ha planteado respecto de otras instalaciones en funcionamiento que necesiten ampliar o modificar su dotación eléctrica, en la medida que ello favorezca la reforma y mejora de instalaciones y la actividad económica que ello conlleva.
Por tanto, el Gobierno de Canarias ha considerado conveniente establecer ciertas premisas en el ámbito de sus competencias, respecto al reparto de costes de las acometidas y extensiones de red, con el objetivo de aumentar las garantías de los usuarios y favorecer el acceso al suministro de energía eléctrica en condiciones de igualdad y al menor coste económico posible.