El Gobierno de Canarias acordado este miércoles solicitar dictamen al Consejo Consultivo del archipiélago sobre el proyecto de Decreto por el que se establece tanto la intensidad como las compatibilidades entre las prestaciones económicas y los servicios para la atención a las personas dependientes, en el marco del sistema canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

De esta manera, el proyecto de Decreto establece de forma exhaustiva el catálogo de recursos y servicios en el ámbito del Sistema Canario de la Dependencia, la compatibilidad entre unos servicios y otros, y ellos con alguna prestación económica, y la intensidad de cada uno de los servicios según el grado y nivel de las personas dependientes.

Según la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.

Así, en Canarias, a partir de la puesta en marcha de esta nueva norma, se permitirá acceder a dos servicios, en el que uno de ellos será el principal y el otro se constituirá como complementario y variará en su intensidad según el grado y nivel de la persona dependiente y su programa individual de atención o PIA.

Por su parte, hay que recordar que el Consejo Territorial de la Dependencia celebrado en junio del pasado año estableció que en ningún caso las personas dependientes podrán abandonar un servicio para percibir una prestación económica, reforzando una vez más lo que indica la ley de la dependencia que es la prioridad de los servicios, ya que las ayudas económicas son subsidiarias y excepcionales.

Cabe destacar la colaboración y coordinación entre las diferentes instituciones y entidades del tercer sector para consolidar de manera eficaz el Sistema Canario de Atención a la Dependencia, ya que la norma ha sido elaborada con el consenso de la Fecam, la Fecai y las organizaciones que se dedican a la atención de la dependencia.

UNOS 38.000 DEPENDIENTES

El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, explicó que con este proyecto decreto se desarrolla la norma estatal, y "dar un paso más" para la convivencia entre la Ley de Dependencia del Gobierno central y en la autonómica, ya que el Gobierno regional dispone de una.

Marrero recordó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que actualmente en Canarias hay unas 38.000 personas dependientes, de las que 30.000 están atendidas por el Gobierno autonómico, dato que "es revelador", mientras que por el sistema nacional la cifra está cercana a las 8.000.

Asimismo, indicó que el Gobierno regional ha incrementado en un 95 por ciento los fondos destinados a la dependencia.

De todos modos, matizó que con este proyecto decreto se pretende precisar la normativa sobre la que "se ha sembrado confusión", de tal forma que se deja "bien claro" que lo que establece la Ley de Dependencia del Estado "es que no se puede recibir un servicio y una prestación económica, y que la prestación económica es subsidiaria y excepcional".

Sin embargo, Marrero dijo que ha habido versiones "confusas" que ha llevado al ciudadano a pensar que ser dependiente implicaba "una paga", lo que indicó no es así.