Si alguien pensaba que la salida del Partido Popular (PP) del Gobierno iba a mermar las reivindicaciones nacionalistas al Estado erró en su planteamiento. Coalición Canaria (CC) ha logrado "colar" de nuevo, esta vez a los socialistas, un buen número de reivindicaciones de las que hasta hace poco abominaban.
Una de las más significativas, sin duda, tiene que ver con la reclamación al Gobierno estatal de "corregir" el déficit de la financiación ordinaria de Canarias, producida entre los años 2002 y la actualidad, así como revisar la financiación de las competencias sanitarias, tomando como referencia la población de hecho realmente atendida, para no limitar la capacidad del Sistema Canario de Salud (SCS).
Con otras palabras, es lo que en los últimos cuatro años se ha venido llamando "deuda histórica" del Estado con Canarias, un aspecto que los socialistas han negado una y otra vez, y un argumento que los nacionalistas y, sobre todo, los populares han utilizado y reutilizado para dañar la imagen del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Cabe recordar que con José Manuel Soria como vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Economía y Hacienda, el Gobierno de Canarias apoyó en 2009 el nuevo modelo de financiación propuesto por el Ejecutivo estatal, aunque con un "sí crítico".
Planeamiento retrasado
El pacto entre CC y PSOE, rubricado este lunes por el presidente en funciones del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, y por el líder de los socialistas canarios, José Miguel Pérez, recoge también otro aspecto que también sirvió a los socialistas como arma para atacar al Gobierno: el planeamiento municipal.
En virtud de la también criticada por los socialistas Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, que permite al Ejecutivo intervenir en el planeamiento de aquellos municipios que no lo tengan actualizado, el pacto de gobernabilidad recoge que el Gobierno que, con toda probabilidad, presidirá Paulino Rivero seguirá imponiendo los planes de ordenación municipal supletorios en aquellos municipios que evidencien su imposibilidad o incapacidad para tramitar y aprobar su planeamiento.
Así, y según reza en el acuerdo, el objetivo prioritario del nuevo Ejecutivo que compondrán CC y PSC-PSOE es finalizar la aprobación definitiva de los planes generales, cuya dilatación en los últimos años ha estancado las inversiones y ha paralizado buena parte de la economía.
En estos momentos, a pocos días de que se constituya el nuevo Gobierno canario, 23 de los 88 ayuntamientos canarios no cuentan con su planeamiento completamente aprobado.
También recoge el acuerdo de gobierno que una de las prioridades del nuevo gabinete regional será elaborar una ley que agilice de forma urgente la simplificación de los procedimientos en la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial, eliminando duplicidades y aclarando las competencias en esta materia.
Listas de espera
Donde sí ha existido cierta coherencia entre lo demandado durante los últimos cuatro años por la oposición y lo suscrito en el pacto es en materia sanitaria y dependencia. Nacionalistas y socialistas se comprometen a reducir los plazos en asuntos como las listas de espera sanitarias, en las solicitudes de la Ley de Dependencia y en el cobro de las pensiones no contributivas.
Así, en sanidad existe el compromiso para que los pacientes puedan consultar a su médico de familia en un plazo de 24 horas, no superando las 48 horas. Además, en el caso de las listas de espera se apuesta por tomar "las medidas necesarias" para limitar los tiempos de espera tanto para ser valorados por el especialista como para los estudios complementarios solicitados. "El tiempo de espera de referencia será de 30 días, no debiendo superar los 90 días", reza el documento.
El documento programático evita, no obstante, poner una fecha para las listas de espera quirúrgica. CC se había comprometido en su programa electoral a que estas listas no superaran, en ningún caso, los 180 días, y que la media fuera de 90.
También precisa que los conciertos con los centros sanitarios privados para complementar los recursos públicos y dar respuesta a los incrementos de demanda asistencial "serán los estrictamente necesarios".
Mientras, en la implantación de la Ley de Dependencia en Canarias -un área que ha sido duramente criticada por la que se perfila ahora como futura consejera regional, Francisca Luengo- se promoverá una implantación más ágil, con el fin de resolver los "obstáculos" que permitan la resolución de los expedientes en el plazo de 6 meses.
Además, se "promoverá" la mejora de la financiación convenida con el Estado de la dependencia, teniendo en cuenta la condición de "territorio fragmentado y ultraperiférico", con un modelo de dependencia propio, en el que intervienen la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos.
CC y PSC-PSOE quieren también propiciar que el tiempo medio para empezar a cobrar las pensiones no contributivas no supere los seis meses, e instalar a lo largo de la VIII Legislatura la teleasistencia domiciliaria a las personas mayores que viven solas en las Islas.
En relación con la Prestación Canaria de Inserción, el pacto de gobernabilidad refleja que se han elevado las cuantías económicas que se otorgan y que se ofrece a las personas en dificultad social una nueva oportunidad para construir un proyecto de vida a través de los denominados itinerarios de inserción. No obstante, el nuevo acuerdo propone la "necesidad" de aprobar una nueva ley de derechos sociales que sustituya a la de Servicios Sociales de 1987.
Asimismo, se incluye la "necesidad" de que el Gobierno central no disminuya sus aportaciones para estabilizar la financiación de los diferentes programas sociales que se desarrollan en Canarias.
Sin ley universitaria
En materia educativa, por su parte, las novedades son más bien pocas. Así, no se habla de aumento de la inversión, tal y como había prometido el PSC-PSOE, y, aunque se mantiene el apoyo a las universidades canarias a través de los ya firmados contratos programa, no aparece la propuesta socialista de crear una ley de financiación universitaria, para evitar así que los recursos de estas instituciones dependan de los citados contratos.
El documento programático sí contempla la creación de la Universidad Virtual de Canarias, en combinación con las dos universidades de las Islas, un proyecto que desde el Gobierno regional se "vendió" al comienzo de la legislatura recién finalizada, pero que nunca se hizo efectivo por la crisis económica.
seguridad
CC impone la Policía Canaria
La implantación del Cuerpo General de la Policía Canaria fue uno de los argumentos más utilizados por la oposición -PSC-PSOE- a lo largo de la última legislatura. Variadas fueron las críticas y varios los dirigentes socialistas que durante los cuatro años de la legislatura -también durante la campaña electoral- atizaron al Gobierno de CC y PP por crear un cuerpo de seguridad "innecesario", más aún en época de crisis. Sin embargo, el ahora socio de Coalición Canaria (CC) ha tenido que reconsiderar su postura como consecuencia del pacto regional suscrito con los nacionalistas, en el que acepta el despliegue de la Policía Canaria previsto por CC. El documento programático mantiene el compromiso de completar la primera fase del despliegue del Cuerpo Autonómico con "financiación propia", hasta llegar a los 300 agentes antes de que finalice la legislatura en 2015.
El acuerdo precisa que las convocatorias anuales de nuevas plazas se modularán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. Asimismo, se introduce otra reivindicación de los nacionalistas y es que el despliegue territorial futuro de la Policía Canaria será objeto de acuerdos específicos con el Ministerio del Interior.
Además, en el documento se establece que la Policía Canaria debe estar integrada en un modelo policial adecuado a la organización territorial de España sobre la base de la coordinación, la colaboración recíproca y la información compartida.
De cualquier manera, el pacto de gobernabilidad también establece que será CC quien gestione el área de Seguridad, que en el actual mandato está incluida en la Consejería de Presidencia y Justicia, pero que en esta ocasión se desliga, pues estas dos áreas las gestionarán los socialistas.