El pasado 3 de junio se ha llegado a una resolución por parte de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley del Estado 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Después de que Canarias, concretamente, el Parlamento, acudiera a Tribunal Constitucional por no haber consultado a la región en aquellas decisiones vinculadas con el Régimen Económico y Fiscal que según el Estatuto vigente han de contar con la opinión de las administraciones canarias para aprobar tales decisiones, se ha llegado a un acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la mencionada ley.
El acuerdo recoge que las discrepancias se han centrado "sobre los artículos 4 a 7; 41; 80; 91 y 110.4 de la Ley del Estado 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible", que incluyen aspectos sobre la gestión de las administraciones, la planificación energética, la constitución de un Fondo Común para la compra de Carbono o la renovación urbanística en su apartado sobre el tratamiento de los edificios de interés cultural
El Boletín Oficial del Estado ha reconocido que este convenio con lleva la designación de un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación "la solución que proceda". Asimismo se comunicará el acuerdo al Constitucional.