Un año después de la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que despenalizó el aborto y creó el derecho de las mujeres de más de 16 años a interrumpir voluntariamente su embarazo sin tener que acogerse a ningún supuesto legal predeterminado, la sanidad pública de las Islas continúa sin prestar este servicio en ningún centro de su red y deriva la totalidad de los casos a tres clínicas privadas.

Aunque la ley no establece que sean los centros públicos los que han de garantizar esta asistencia sanitaria a las mujeres, en las Islas se da las circunstancia única de la insularidad que dificulta el acceso a este derecho a las mujeres de las islas no capitalinas e incluso a las de poblaciones alejadas de las clínicas acreditadas que deben hacer varios traslados hasta que finalmente son intervenidas.

En concreto, actualmente en el Archipiélago solo existen tres clínicas autorizadas por el Gobierno de Canarias a realizar abortos en las primeras 14 semanas; dos se ubican en la isla de Tenerife y otra en Gran Canaria. Respecto a las intervenciones más allá de las 14 semanas, solo uno de los centros tinerfeños está acreditado para llevar a cabo interrupciones del embarazo.

De esta manera, cualquier mujer que no resida en Tenerife o Gran Canaria debe llevar a cabo "un auténtico peregrinaje", tal y como explican desde el colectivo Harimaguada, que concentra a organizaciones de mujeres y colectivos sociales.

"Una mujer que ha tomado la decisión de abortar, habitualmente lo primero que hace es acudir a su médico de cabecera, pero en Atención Primaria no hay información sobre ello y la derivan a la Dirección del Área de Salud de su isla a donde debe acudir de forma presencial, momento a partir del cual ya entra en el protocolo al que la ley obliga y que incluye una entrevista previa, un periodo de reflexión, la confirmación de la decisión, la adjudicación de la clínica, etc." detalla Mary Bolaños, una de las portavoces de Harimaguada, que recuerda que después esa misma mujer deberá coger un avión ir a Tenerife o Gran Canaria, ir a la clínica y finalmente "no se sabe ni cuántos días después de haber decidido lo que considera que es mejor para ella, regresar a su casa y continuar con su vida".

Pero, ¿por qué todo este complicado proceso cuando en todas las islas hay hospitales generales? La respuesta aún no está clara, pero todo indica que son mayoría los profesionales ginecológicos que se niegan a practicar abortos en la sanidad pública.

No obstante, el anterior consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Fernando Bañolas, también aseguró que la ley había llegado "de sopetón" y que lo que se hizo fue buscar la mejor manera de garantizar su aplicación "sin trastocar demasiado el sistema".

De hecho Bañolas se quejó de que "la ley la aprueba el Estado, pero son las comunidades las que la costean y en Canarias se tuvieron que buscar cinco millones de euros de donde no los había para poder cumplir con la nueva norma".

Pero las complicaciones no solo existen para aquellas mujeres que viven en La Palma, El Hierro, La Gomera, Lanzarote o Fuerteventura, puesto que también dentro de una misma isla hay numerosas complicaciones. "Imaginemos una mujer de Vilaflor, por ejemplo, entre que va a un sitio y otro y que espera los días y consigue la autorización y la derivan a la clínica ha tenido que hacer numerosos traslados, la mayoría de ellos en horario laboral y durante varios días para finalmente acceder a un derecho que le reconoce la propia ley pero al que muchos quieren ponerle trabas", critica Bolaños.

Pero, si la situación es complicada para los casos de menos de 14 semanas, para las que se encuentran entre las 14 y las 22 es aún peor, porque además de que solo existe una clínica autorizada "siguen sin definirse los criterios para determinar si existe riesgo para la vida o la salud de la mujer, que es uno de los criterios que establece la ley, además de que se desconoce qué facultativos han sido habilitados en los centros hospitalarios de Canarias para llevar a cabo esta valoración, que suele ser muy restrictiva", alerta Mary Bolaños, que defiende "el carácter universal de la interrupción voluntaria del embarazo y su cobertura en la red sanitaria pública, para lo cual es imprescindible que los centros públicos dispongan de equipos profesionales que cubran la demanda que exista en cada momento".