El magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Pedro Joaquín Herrera Puentes lleva apenas una semana ostentando el cargo de viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias. Pese a haber llegado en un momento de precariedad económica y en el que esta Administración adolece de diversas deficiencias, como la saturación, el que fuera miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tiene por objetivo durante esta legislatura mejorar el estado de la Justicia "en la medida que las posibilidades lo permitan y siempre con el consenso de todos los integrantes de esta Administración".

Algunos miembros de la Administración ven en usted, dada su condición de magistrado, una vía de escape a las deficiencias que sufre la Justicia en Canarias.

Tengo la ventaja de que conozco la casa desde el ejercicio de la actividad judicial, aunque la verdad es ahora veo la Administración de Justicia desde una perspectiva más amplia, que es la de la gestión pública en general y en la que el juzgado es un componente más. Tengo que dejar de lado mi función jurisdiccional y ser un gestor de esta Administración. Por ello, lo primero que tengo que hacer es conocer la casa por dentro y ver cómo funciona, y, luego, hacer un diagnóstico para preparar nuestro plan de actuación.

Llega en un momento de precariedad económica y en el que la Justicia adolece de graves deficiencias.

Soy consciente de la situación de recorte presupuestario y control exhaustivo del gasto en la que estamos. Llego a este cargo con la idea de valorar las posibilidades de actuación que tenemos, porque las hay, aunque puedan ser más limitadas. Hay que mirar hacia el futuro dentro de nuestras posibilidades y no centrarnos en que no hay dinero, y en base a esas capacidades actuar. Vengo con entusiasmo, ganas de trabajar, dialogar y hacer cosas, pero habrá que ver las posibilidades con que se cuenta, pues hay que ser realista y no lanzarse con proyectos que no se pueden hacer.

¿Cuáles son sus principales objetivos para estos cuatro años?

Mi objetivo primordial es la implantación, paulatina y en la medida de las posibilidades, de la Nueva Oficina Judicial para hacerla más operativa. Lo que no podemos hacer es implantar una nueva oficina para hacerla menos operativa. Por eso, debemos analizarlo con todos los trabajadores y hacerlo con cabeza, decisión y que todo sea fruto de la realidad que tenemos ahora. Debemos implantarla poquito a poco para ver si dentro de un tiempo razonable hemos conseguido mejorar y modernizar la Administración de Justicia y la hemos hecho más operativa.

Pero esta nueva oficina judicial parece no llegar nunca a las Islas. ¿Significa esto que ya hay una fecha real para la implantación de los proyectos piloto en Arrecife y Arona?

En el ámbito teórico se ha progresado, pero no en el de la implantación. Nuestra idea es analizar lo que hay y ver cómo lo proyectamos en la práctica. Se le puso fecha, que era primeros de este año y, obviamente, no está. Pero también tenemos que avanzar en la comunicación, y en la medida en que se retrase la comunicación telemática se irá retrasando la operatividad de la nueva oficina judicial. Si nos precipitamos, podemos generar disfunciones mayores que las que tratamos de evitar, por eso debemos ser cautelosos, pero a la par mantenernos firmes en nuestro propósito de implantar la nueva oficina judicial.

El anterior Gobierno dejó muchos proyectos sin concluir, uno de los cuales fue la ampliación del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Se llevarán a cabo estas obras?

El Palacio de Justicia de Santa Cruz es más moderno que otros edificios judiciales, pero somos conscientes de que se ha quedado pequeño y no tiene capacidad para todos los órganos judiciales que hay. Existe un proyecto de una nueva infraestructura, pero con los recortes parece inviable, de ahí que surgiera esa posibilidad de ampliación, sobre la cual se están haciendo estudios para ver la viabilidad que tiene y qué trastornos conllevaría a los que están trabajando diariamente allí; es una idea, pero tenemos que analizarla. Me gustaría que hubiera dinero suficiente para poder afrontar la tarea de un nuevo edificio judicial, pero también es cierto que, entre tanto, tendremos que solventar la situación, pero no me atrevo a dar una solución definitiva. Debemos analizar todos los elementos para que la solución que se alcance sea realista, es decir, acorde con la capacidad presupuestaria que se tiene, y que sea consensuada y aceptada.

Llega en un momento de crispación de los funcionarios. ¿Tiene previsto realizar algún encuentro con los representantes de los trabajadores para solucionar esta situación?

No me puedo precipitar en un diálogo sin información previa, la cual estamos recabando. Nuestra intención es reunirnos lo antes posible con ellos y dialogar para ver dónde están los problemas. Entendemos que es fundamental el diálogo con todos los trabajadores, quienes tienen un papel muy relevante en la Administración de Justicia. Por ello, sus representantes van a tener abiertas las puertas de la Consejería, de la Viceconsejería y de la Dirección General. Vamos a escucharlos y a dialogar con ellos, pero también vamos a pedirles que nos escuchen, porque estamos en una mala época donde las posibilidades, que las hay, están limitadas. Nuestra finalidad es el diálogo y el consenso y si lo conseguimos, sería un éxito, porque sería satisfactorio para todos, pero siempre se debe hacer barajando las capacidades reales, porque no voy a prometer nada que no podamos alcanzar.