Los grandes asuntos que preocupan a las universidades canarias -los recortes en su financiación, su futuro económico y el proyecto conjunto de Campus de Excelencia Internacional- dependen de una reunión "al más alto nivel" entre el Gobierno regional y las instituciones académicas, en la que estarán presentes el presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, y los consejeros de Educación y Economía y los rectores. Así lo anunció ayer el responsable de la Administración educativa, José Miguel Pérez, a los rectores de las universidades de La Laguna (ULL), Eduardo Doménech, y Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Regidor.

La situación económica de ambos centros será el eje sobre el que gire este encuentro. La deuda del Gobierno con las universidades supera actualmente los 50 millones de euros -en el caso de La Laguna sobrepasa los 27-, pero los rectores auguran que puede alcanzar los cien millones cuando finalice la vigencia del contrato programa, el instrumento mediante el que el Ejecutivo financia a la ULL y la ULPGC.

Estos cálculos proceden de que, como explica Eduardo Doménech, las universidades avanzaron en el cumplimiento de los objetivos -captación de alumnado o mejora de los indicadores de investigación, entre otros- a los que está condicionada una parte de los recursos. Por lo que respecta a la ULL, ese progreso supondrá unos nueve millones de euros adicionales. La acumulación de estas cantidades podría aumentar la deuda de forma importante.

El consejero de Educación reconoció ayer que las universidades han cumplido los objetivos fijados, pero que la financiación prevista "no ha llegado", por la falta de ingresos de las arcas regionales. En este sentido, advirtió de que "no es realista pensar que en los presupuestos de 2012 se podrán recuperar los millones necesarios para reponer lo que no se ha puesto en tres años".

Según el rector lagunero, Pérez mantiene su "predisposición" a la elaboración de una ley que dé mayor estabilidad a la financiación universitaria, pero su concreción está "supeditada" a la reunión, aún sin fecha, entre representantes del Gobierno y las universidades. Lo mismo ocurre con la demanda de las universidades de que los 5,3 millones de euros destinados a sufragar el proyecto Campus Atlántico Tricontinental -seleccionado como Campus de Excelencia Internacional por el Ministerio de Educación- se entreguen, como se acordó en un principio, en forma de subvención, y no de préstamo, como ahora plantea el Ejecutivo, una solución ésta última que obligaría a la ULL y la ULPGC a devolverlos.

Del encuentro entre el consejero y los rectores también surgió la intención de constituir una comisión técnica de trabajo para analizar la forma en que las universidades participarán en la universidad "a distancia" que prevé impulsar el Gobierno.