La acusación pública no tiene previstas más imputaciones en el caso "Lifeblood", según ha señalado hoy el fiscal anticorrupción Luis Rodríguez, tras concluir la declaración del cuarto imputado en la causa, el exdirector general del Servicio Canario de Salud (SCS) Guillermo Martinón.

El exresponsable del SCS declaró hoy en relación a las supuestas irregularidades que investiga la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 8 de la capital grancanaria, Victoria Rosell, en la adjudicación provisional del servicio de hemodiálisis en dos hospitales canarios, posteriormente anulada.

Martinón, que ha declinado hacer manifestaciones a los periodistas sobre su declaración, acudió acompañado de un letrado del SCS al juzgado, donde también, posteriormente, declaró un testigo.

El fiscal anticorrupción, que ha reiterado que no hará declaraciones ni valoraciones sobre lo declarado por los imputados, ha señalado que el Ministerio Fiscal se tomará un tiempo para estudiar detenidamente la abundante documentación presentada hasta ahora por los imputados y sus declaraciones, que han sido "muy largas".

Ha manifestado que tampoco dará a conocer en un futuro inmediato la posición del fiscal sobre el caso, que depende mucho de la actuación de la juez instructora.

En cualquier caso, ha avanzado que, por su parte, "no espera más imputaciones" y que no tiene intención de alargar más la instrucción, a expensas de lo que declare el último testigo citado para hoy, que ha aventurado que tampoco cree que cambie mucho el sentido de la investigación.

En el caso figuran también como imputados la exsecretaria general del SCS Lourdes Quesada, el administrador único de la empresa Lifeblood, Javier Jorcano, y el abogado Javier Artiles, quien fue asesor externo como jurista de la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad, así como del SCS, y supuestamente negoció con la Caja de Ahorros Canarias un aval para que la empresa pudiera asumir la adjudicación de ese servicio.