El portavoz parlamentario de CC, José Miguel Barragán, no da garantía alguna de que los empleados públicos recuperen lo que los sindicatos consideran derechos adquiridos o consolidados arrebatados en la actual ley presupuestaria. Como se recordará, el año pasado, el Ejecutivo efectuó recortes a la función pública sin negociarlos y contra el parecer de los representantes de los trabajadores al imponerlos dentro de las cuentas autonómicas de 2011. Los sindicatos vienen exigiendo desde entonces que rectifique, que reponga la situación y, sobre todo, que no vuelva a hacer la misma jugada en las negociaciones presupuestarias que ya están en curso.

Pero Barragán se limita a recordar que el presidente regional, Paulino, anunció que el Gobierno no se plantea ahora una política de reducción de trabajadores laborales o funcionarios, y nada más.

Ante la pregunta de qué pasará con las reivindicaciones de los sindicatos y si se les garantiza que la situación no se repetirá este año, responde que "no se les puede garantizar".

Con ironía, recomienda a los sindicatos "cuando vienen con ese tipo de reivindicaciones" que lean la prensa para que se enteren de lo que está pasando en otros países considerados "más fuerte". Alemania, Francia, Grecia y ahora Italia, han hablado del despido de personal público.

"Están en esa fase, pero aquí intentamos garantizar que no lleguemos a eso: vemos las prioridades y ahora no es el momento de mantener algunas de esas conquistas, que estaban pensadas cuando los ingresos de Canarias iban al alza exponencialmente". Y es que la situación "ha cambiado y hay que volver a cambiar las prioridades".

El coordinador del Área Pública de CCOO de Canarias, José Ramón Barroso, también lo entiende. La semana pasada, el Ejecutivo le adelantó el escenario presupuestario más probable para 2012 y le garantizó que el compromiso de que no haya despidos entre el personal público va acompañado de una contraprestación: tampoco habrá oferta pública de empleo, al menos en la Administración autonómica.

En cambio, da por descontando que "lo que está congelado este año seguirá congelado en 2012", en alusión a las ayudas de acción social, como la paga de permanencia, el premio de jubilación y las ayudas médico-farmaceúticas. El próximo ejercicio tampoco habrá aportaciones al plan de pensiones -era una de las principales demandas de los trabajadores de la Administración-, que tendrán que a ser título individual.

Para trasladar esta situación a los empleados públicos, CCOO pidió al Gobierno un acuerdo con las organizaciones sindicales que establezca un calendario para la recuperación de las condiciones económicas y laborales. "Tenemos que saber si serán dos años o tres, o lo que sean", señala.

Pero el Ejecutivo ya respondió que no puede poner una fecha concreta. Les resultará difícil estimar cuándo comenzará la recuperación económica, aunque sí se mostraron dispuestos a negociar este tipo de acuerdo y que quede reflejado que lo que se está haciendo "es suspender algunas cuestiones, pero una eliminación".

"Vamos a querer que sea lo más rápido posible y a lo mejor ellos querrán más tiempo", admite Barroso. "Pero con lo del contenido no tendrán ningún problema".

Aunque en principio no hay más reuniones previstas, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias, Francisco Bautista, confía en que se produzcan nuevos encuentros, pero advierte de que los sindicatos actuarán con "cautela".

Asegura que la predisposición del Gobierno hasta el momento "es otra" que no la habían visto "en muchísimo tiempo", por lo que ve margen para la confianza.