El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro, ha reclamado hoy jueces de adscripción territorial ante la posibilidad de que en 2012 no se creen los nuevos órganos judiciales demandados en 2010 para las islas.

Castro, en el discurso que ha pronunciado con motivo de la apertura del nuevo año judicial, ha manifestado que espera que esta petición sea apoyada por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma.

Se trata, según ha indicado, de que se nombren jueces de adscripción territorial o, en su defecto, de jueces o magistrados en comisión de servicio sin relevar sus funciones, o jueces sustitutos de refuerzo en aquellos órganos judiciales con mayor volumen de trabajo.

Estos nombramientos deben ir acompañados también de secretarios judiciales, en los casos que fueran necesario, y de personal auxiliar, para que la medida sea lo suficientemente efectiva, ha reclamado Castro.

Así mismo, ha pedido que los Servicios Comunes Procesales cuenten con la infraestructura adecuada para hacerse cargo de todos los juzgados del mismo partido judicial y órganos colegiados radicados en una misma sede.

Ante la "lentitud" en la implantación de la nueva Oficina Judicial, es preciso que, en los partidos judiciales que sí cuentan con esa infraestructura, al menos, se vayan creando estos Servicios Comunes, como es el caso de Telde y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria; Arona, en Tenerife; y Arrecife, en Lanzarote; y en un futuro próximo, Las Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).

También ha reclamado como "inaplazable" un plan de infraestructuras del territorio ante la necesidad de que se construyan nuevos edificios judiciales y se agrupen sedes para dar un mejor servicio público al ciudadano.

Según Castro, urge así mismo la dotación de magistrados especialistas en las salas de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en Las Palmas (ya creada, pero desde hace años sin ser cubierta) y en Santa Cruz de Tenerife (con bajo coste para las arcas públicas), así como la creación en ésta de una nueva plaza de magistrado.

Castro ha recordado que la tasa de litigiosidad en Canarias en 2010 fue "muy alta", con 212,3 asuntos por cada 1.000 habitantes, solo superada por Andalucía y la Comunidad de Madrid, aunque se ha reducido levemente respecto al año 2009.

Así mismo, ha informado de que la tasa de resolución sigue siendo también alta como consecuencia del esfuerzo del personal que trabaja en Justicia, y figura por encima de la media nacional.

Solo un 0,2 % de los asuntos ingresados se dejaron de resolver en el año, ha reseñado Castro, para quien la situación "no es óptima, pero no deja de reflejar un hecho que dificulta una mayor efectividad: la alta movilidad del personal judicial".

En cuanto a la tasa de pendencia, ha dicho que aún sigue siendo alta, superada únicamente por los órganos de Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana, y que ello se corresponde con la alta tasa de litigiosidad.

El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha reclamado, por su parte, un estudio riguroso sobre los medios personales y materiales que se disponen para el desarrollo del nuevo modelo de oficina fiscal, del que "nadie habla", pero que es "absolutamente necesario" para abordar con garantías el futuro del Ministerio Público.

Sobre la memoria de la Fiscalía de 2010, ha indicado que refleja que se ha trabajado "mucho y bien", gracias a un equipo humano formado por un total de 115 fiscales y 103 funcionarios, en una ratio que "no superaría la ''prueba del algodón'' de cualquier organización laboral mínimamente racional porque, como suele decirse coloquialmente, hay ''más jefes que indios''".

Según la memoria, en el ejercicio 2010 se incoaron un total de casi 260.000 (257.298) procedimientos penales en Canarias, entre diligencias previas, diligencias urgentes y juicios de faltas incoados directamente, lo que supone una disminución del 2,57 % con respecto al año 2009.

Garrido también ha solicitado mejoras para los centros de menores, tanto en medio materiales, como en formación del personal que los atiende, y ha pedido más atención a la condiciones en las que se presta la asistencia social a las personas mayores con minusvalías.