El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), José Luis Langa, ha insistido este jueves en que la aplicación de la Ley de Costas de forma retroactiva es "abusiva" e "indiscriminada".
Langa ha informado en un comunicado de las conclusiones que se tomaron en la reunión de la Comisión de Peticiones y de la Comisión Europea, que tuvo lugar el pasado 6 de octubre en el Parlamento Europeo, a la que asistió, entre otros, la Defensora del Pueblo de España, María Luisa Cava de Llano, quien aseguró textualmente que la Ley de Costas española "es legal pero injusta con los ciudadanos".
El letrado valoró estas declaraciones porque, dijo, "están en línea con el sentir de las personas que desde la Asociación estamos diciendo esto desde hace años y, sobre todo, porque la Defensora del Pueblo española reconoce la injusticia de una ley arbitraria e incomprensible en su aplicación".
Estas declaraciones de Cava de Llanos coinciden con la actual petición que ha realizado Langa González al Diputado del Común de Canarias, Manuel Alcaide, para poder tener constancia del número de zonas que en el Archipiélago pudieran estar afectadas por la Ley de Costas, que según la asociación que representa Langa podrían estar afectadas más de 160.000 personas.
Langa recuerda, una vez más, que la aplicación de la Ley de Costas de forma retroactiva es "abusiva" e "indiscriminada", que muy lejos de proteger el medio ambiente lo que está es generando inseguridad jurídica en tanto que "despoja a los ciudadanos de los derechos protegidos en las normas internacionales" denunciadas ya ante el Parlamento Europeo.
Según ha quedado claro en la reunión del 6 de octubre y en otras anteriores ante la Cámara europea, la ley española viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Constitución Española por la vulneración del derecho de propiedad.
Langa recordó que recientemente el Parlamento regional aprobó por unanimidad una proposición no de ley en virtud de la cual se solicita al Gobierno autonómico que pida las competencias sobre Costas para Canarias, de tal manera que se pueda legislar "desde nuestra Comunidad lo que ocurre en ella y tener en cuenta la singularidad del Archipiélago y sobre todo los asentamientos urbanos que existen muchísimos años antes de que se promulgara la Ley".
En este sentido, el representante de la AEPLC en Canarias aseguró que el Estado español ha incumplido los compromisos adoptados antes del verano para solucionar la situación de inseguridad que están atravesando los vecinos de Santa Lucía, en Güímar (Tenerife), `que no pueden acceder a sus viviendas por temor a derrumbes y que tampoco tienen dónde poder vivir.
Respecto a Igueste de San Andrés (Tenerife), indicó que a pesar de ser un núcleo poblacional asentado está "amenazado" por la Ley de Costas, aunque aseguró que ya se ha presentado ante la Audiencia Nacional la documentación que acredita que esta población es un asentamiento urbano consolidado muy anterior a la ley de 1988.
Finalmente, Langa lanzó un mensaje para los "futuros gobernantes tras las elecciones, de los que esperamos que tomen nota de esta situación tan irregular que se está produciendo en Canarias y que inicien las gestiones precisas para transferir las competencias a Canarias y así poder proteger nuestro patrimonio, nuestra cultura y a nuestro pueblo".