La inversión de las Administraciones públicas en la gestión de la asistencia jurídica gratuita en 2010 en España alcanzó los 256,6 millones de euros, lo que supuso un 4 por ciento menos que en el año anterior como consecuencia de la crisis, y en la Comunidad de Canarias alcanzó la cifra del 16 por ciento.

Así se refleja en el quinto informe del Observatorio de la Justicia Gratuita elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la editorial La Ley, que revela que el descenso de la inversión en justicia gratuita en 2010 rompió la tendencia al crecimiento que se venía produciendo en los años anteriores, con aumentos del 21 por ciento en 2009 y en torno al 11 por ciento entre 2006 y 2008.

Frente a estos datos de 2010, el Ejecutivo canario anunció la semana pasada el incremento en más de un millón de euros de la financiación de la asistencia jurídica gratuita para 2012 respecto a 2011, y aseguró que en la actualidad, tras un reajuste en el presupuesto del presente año, no hay retrasos en el pago al turno de oficio en las Islas.

Casi 1,7 millones de ciudadanos recibieron asistencia jurídica gratuita el año pasado, lo que supone un 5,5 por ciento menos que en 2009, según el informe, que sitúa el coste por persona atendida y por asunto entre los 154 y los 160 euros.

Andalucía fue la comunidad autónoma con mayor población atendida, con más de 380.000 personas, seguida de Cataluña (más de 280.000), Madrid (más de 277.000) y la Comunidad Valenciana (más de 176.000).

Del total de asuntos de justicia gratuita tramitados durante 2010, más de 871.000 correspondieron al turno de oficio, más de 666.000 a asistencia letrada al detenido y más de 61.000 al servicio de violencia de género.

El coste de la justicia gratuita descendió un 16 por ciento en Canarias, así como en Cataluña y Valencia (10%), Madrid (9%) y Andalucía (3%). De la inversión total, el turno de oficio acaparó el 66%, seguido de la asistencia letrada al detenido (22%), el servicio de violencia de género (4%) y los importes recibidos por los Colegios de Abogados en concepto de gastos de infraestructura para financiar la gestión de estos servicios supusieron el 8%.

Dentro del conjunto de la inversión de las Administraciones públicas, Cataluña fue la autonomía con mayor inversión en justicia gratuita (24%), seguida de Madrid (18), Andalucía (17), Valencia (9), Canarias (6) y Galicia y el País Vasco (ambas con un 4%).

El presidente del CGAE, Carlos Carnicer, señala en el informe que las condiciones de los abogados que prestan este servicio, "a veces, no son ni siquiera las mínimas exigibles" debido a los retrasos crónicos en los pagos, los baremos no revisados desde hace años y los presupuestos insuficientes.

Carnicer considera que lo más grave es que los políticos trasladen a los ciudadanos que ese gasto es excesivo y, aprovechando la crisis económica, apunten soluciones para reducir el derecho a la defensa de los más desfavorecidos, transmitir falsas imputaciones sobre el interés de los abogados en pleitear y proponer la privatización y funcionarización de este servicio.

"Aunque son los propios políticos los que han aumentado legalmente en los últimos años el campo de aplicación de la justicia gratuita, algunos no parecen querer llevar a la práctica las decisiones del legislador", subraya el presidente del CGAE.

El comité de expertos del Observatorio ha recomendado a las diferentes Administraciones públicas que hagan consignaciones presupuestarias suficientes para afrontar con garantías su coste económico.