"El importe de las dotaciones económicas destinadas al funcionamiento de los centros docentes quedará supeditado a las disponibilidades presupuestarias que para cada ejercicio económico se establezcan en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias". Estas líneas, en forma de disposición adicional añadida a la orden que establece los criterios de distribución de recursos para los colegios e institutos de las Islas, añaden incertidumbre a la gestión de los centros de enseñanza.
La "contención y racionalización del gasto público" a que ha obligado la crisis es, según argumenta la Consejería de Educación del Gobierno regional en una nueva orden publicada ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la causa de esta medida. "La crisis económica que padecemos desde 2008 ha ocasionado una trascendente minoración de los recursos con que hacer frente a las necesidades de gasto", recuerda la Administración educativa.
El sindicato docente ANPE, mayoritario en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, expresó ayer su preocupación por la "ambigüedad" que, a su juicio, presenta esta modificación normativa. El portavoz de la organización, Pedro Crespo, espera que, en caso de producirse una reducción de los fondos -que el sindicato "entiende, pero no comparte"-, ésta se efectúe de forma homogénea para todos los centros -con el mismo porcentaje de minoración sobre los criterios establecidos- y no "al arbitrio de quien concede las partidas económicas".