Las asociaciones canarias de defensa del consumidor han asegurado hoy que el recorte presupuestario decidido por el Gobierno de Canarias, por el que se eliminan las subvenciones que hasta ahora les concedía, supondrán su desaparición, ya que no podrán mantenerse.
Esto conllevará la indefensión de los consumidores frente a posibles abusos y una pérdida de los derechos que la ley les otorga, ha indicado la representante de la Asociación de Consumidores de Canarias, Mónica Bethencourt, durante una rueda de prensa.
Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012 no incluyen ninguna partida para las asociaciones de consumidores y usuarios, por lo que no podrán representarlos ante organismos como el Consejo Económico y Social, las juntas arbitrales de consumo, las comisiones insulares de comercio y las comisiones de participación ciudadana en el Servicio Canario de Salud, entre otros.
En 2010, la Dirección General de Consumo ya dejó a las asociaciones de consumidores de Canarias sin subvenciones al publicar la convocatoria correspondiente a ese año en octubre y resolverla en 2011 con cargo al presupuesto de ese ejercicio, ha indicado Bethencourt.
Las asociaciones de consumidores han solicitado una reunión con representantes de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, pero no han conseguido una cita para abordar el problema, ha indicado el representante de UCE Las Palmas, David Pérez.
El recorte presupuestario decidido por el Gobierno de Canarias supone en la práctica la desaparición de las asociaciones de consumidores, pues la ley solo permite que éstas se financien mediante ayudas de la Administración o con cuotas de sus socios, según Pérez.
El Estatuto de los Consumidores de Canarias establece que las asociaciones de consumidores y usuarios tienen derecho a percibir ayudas y subvenciones para el desarrollo de sus funciones y proyectos, ha recordado el representante de UCE Las Palmas.
En contraposición con la falta de fondos asignados a las asociaciones de consumidores, el Gobierno de Canarias ha incrementado en más de un 50 por ciento la partida destinada a la Junta Arbitral de Consumo, mientras ignora que para que el funcionamiento de este sistema es imprescindible la presencia y participación de las asociaciones de defensa del consumidor y sus árbitros en los colegios arbitrales.
Bethencourt ha expresado su extrañeza porque se destinen más fondos a la Junta Arbitral de Consumo, cuando ésta podría verse bloqueada si las asociaciones de consumidores desaparecen y, como consecuencia lógica, cancelan sus convenios de participación en el sistema arbitral.
En caso de que la situación no se resuelva, las asociaciones de consumidores no descartan plantarse y no acudir a ninguna audiencia del Sistema Arbitral de Consumo, aunque primero intentarán buscar una solución que permita su continuidad, ha anunciado la representante de la Asociación de Consumidores de Canarias.
Esta postura la mantienen catorce asociaciones canarias de defensa del consumidor, como Atlántida, Tagoror, CONCA, Acongran-CECU, UCONPA-CECU, ACOPA-CECU, UCE Las Palmas, La senda de Fuencaliente, Fátima Las Manchas, Monserrat Los Sauces, COCELAN, ACU y CONZUR.